CS - Caso ferrocarriles (Pluralidad de sujetos)
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Santiago, uno de septiembre de dos mil catorce. Vistos: En
estos
autos
Rol
N°
6454-2010
seguidos
ante
el
Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Santiago, por sentencia de treinta de marzo de dos mil doce, escrita a fojas 371, se acogió la acción de reparación ambiental interpuesta por el Estado
de
Chile
sólo
en
cuanto
se
declaró
que
se
ha
producido daño ambiental en el predio conocido como “Pozo Lo Adasme” ubicado en la comuna de San Bernardo, por lo que se
condenó
cerrar
a
la
Empresa
completamente
el
de
Ferrocarriles
perímetro
de
la
del
Estado
propiedad
y
a a
ejecutar un proyecto de saneamiento del suelo, que incluya el retiro total de los residuos de distinta naturaleza allí dispuestos y su traslado a un acopio autorizado, con la posibilidad de utilizar parte de éstos, en tanto no se trate
de
escorias
de
fierro-molibdeno
y
resulten
inofensivos en su interacción, como relleno para nivelar las depresiones del terreno, de acuerdo a un programa de monitoreo y seguimiento que deberá ser aprobado por los servicios competentes, medidas que deberán ser cumplidas antes de dos años contados desde hoy. Se rechaza la demanda interpuesta respecto de Molibdenos y Metales S.A. o Molymet S.A. En
contra
de
dicha
sentencia
la
Empresa
de
Ferrocarriles del Estado presentó recursos de casación en la
forma
y
apelación,
el
demandante
Estado
de
Chile
interpuso recurso de apelación, mientras que Molibdenos y Metales S.A. se adhirió a la apelación. La Corte de Apelaciones de Santiago por sentencia de cuatro de noviembre de dos mil trece, escrita a fojas 487, rechazó el recurso de casación en la forma y revocó el fallo
de
primer
grado
en
cuanto
desestimó
la
demanda
planteada contra Molibdenos y Metales S.A. y en su lugar condenó solidariamente a ambas demandadas a ejecutar un proyecto de saneamiento del suelo, que deberá ser aprobado por las autoridades competentes y al retiro total de los residuos de escorias de fierro-molibdeno y a su traslado a un acopio autorizado, medida que deberá ser cumplida dentro del plazo de dos años a contar de la fecha en que el fallo quede
ejecutoriado.
Se
confirma
en
lo
demás
fallo
la
apelado
la
aludida sentencia. En
contra
de
este
último
Empresa
de
Ferrocarriles del Estado interpuso recursos de casación en la forma y en el fondo, mientras que Molibdenos y Metales S.A. presentó recurso de casación en el fondo. Se trajeron los autos en relación. Considerando: En
cuanto
al
recurso
de
casación
en
la
forma
interpuesto por la demandada Empresa de Ferrocarriles del Estado: Primero: Que el recurso de casación en la forma invoca la causal contemplada en el artículo 768 N° 5 del Código de
Procedimiento Civil, en relación al artículo 170 N° 4 del mismo cuerpo legal, por cuanto el fallo impugnado carece de consideraciones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento, al no existir armonía y relación lógica entre los
considerandos
vigésimo
segundo
del
fallo
de
primer
grado y décimo sexto de la sentencia de segunda instancia, desde que este último le atribuye responsabilidad por el incumplimiento de cerrar perimetralmente el predio de su dominio, Municipal-
norma
de
carácter
o
legal
-Ley
Construcciones-,
mientras
administrativo General
que
el
de
–Ordenanza
Urbanismo
fundamento
y
vigésimo
segundo del fallo de primer grado basa la responsabilidad en
la
aplicación
de
la
presunción
de
culpabilidad
del
artículo 52 de la Ley N° 19.300, por infringir normas de carácter ambiental, que no se señalan. Por otro lado, aun cuando
se
dice
responsabilidad subjetiva,
por que
por
el
Tribunal
contempla
dolo
o
la
culpa,
de
Alzada
Ley se
N° le
que
la
19.300
es
condena
por
responsabilidad objetiva nacida por su sola titularidad del derecho de propiedad de un predio en el cual un tercero dolosa o culposamente contamina. Segundo:
Que
planteamiento
del
considerandos
que
para
una
recurso estima
es
adecuada
comprensión
necesario
transcribir
antagónicos.
El
del los
fundamento
vigésimo segundo del fallo de primera instancia indica: “Que,
por
otro
lado,
la
situación
de
Ferrocarriles
del
Estado es diferente, puesto que por su inacción permanente, incluso
después
de
construir
un
cierre
perimetral,
que
tiempo más tarde luce parcial, ha tolerado que terceros dispongan residuos y desechos de distinta naturaleza en el lugar,
convirtiéndolo
comportamiento
que
se
en
un
aparta
de
vertedero
la
legalidad,
ilegal, como
por
ejemplo, de lo establecido en el artículo 80 del Código Sanitario. Por lo mismo, se configura a su respecto la presunción
de
culpabilidad
consecuentemente,
el
nexo
antes
causal
mencionada
entre
la
y,
referida
tolerancia y el daño efectivamente causado al suelo”. En tanto,
el
considerando
segundo
grado
abordar
los
expone: reproches
décimo “Que
sexto
como
de
la
primera
precedentemente
sentencia
de
cuestión
para
enunciados
debe
expresarse que tal como fue establecido por el juez de primer grado, determinación que esta Corte comparte, es un hecho
de
la
causa
que
Ferrocarriles
del
Estado
no
ha
ejercido un debido control sobre el predio de que es dueña, al haber tolerado la disposición en su interior de toda clase de residuos, por no haber dado cumplimiento en forma ininterrumpida en el tiempo a sus obligaciones de mantener el
inmueble
dicho
perimetralmente
cierre
permaneciera
cerrado
y
de
velar
permanentemente
por
que
incorrupto,
pudiendo colegirse que en caso contrario, tal hipotética y deseada situación fáctica habría impedido el ingreso de las escorias de molibdeno y de otros tantos residuos y desechos
que, como se advierte del mérito de la prueba allegada al proceso,
cubren
profusamente
la
superficie
del
Pozo
Lo
Adasme, por lo que en dicho escenario, aparece del todo desacertado
fundar
un
supuesto
motivo
de
exención
de
responsabilidad en la mera conducta de Molymet S.A. puesto que, como se ha dicho, resulta indudable que el actuar negligente de ambos demandados desencadenó en definitiva el daño ambiental al suelo del terreno materia de la acción sub lite”. Tercero: Que del examen de ambos considerandos no se observa ninguna contradicción; por el contrario, se trata de fundamentos armónicos y que pueden coexistir, puesto que ambos atribuyen a la demandada Empresa de Ferrocarriles del Estado
responsabilidad
fundada,
según
el
subjetiva
fallo,
en
la
por
daño
presunción
ambiental, legal
de
culpabilidad y cuyo sustento fáctico se encuentra en una conducta omisiva consistente en que permitió que terceros utilizaran su predio como un lugar de acopio de basuras y escorias de fundición. Aquí debe establecerse que para las sentencias titularidad
de
primera
del
y
dominio
segunda la
que
instancia causa
el
no
es
la
menoscabo
ambiental, sino que el elemento central que configura su responsabilidad es su pasividad con conocimiento de que terceros ocupaban su predio como un basural y lugar de acopio de sustancias contaminantes. En esas circunstancias, no
es
posible
concluir
que
se
configure
el
vicio
denunciado,
toda
vez
que
el
fallo
objeto
del
recurso
contiene los considerandos que sirven de fundamento a su decisión
de
condenar
a
la
Empresa
de
Ferrocarriles
del
Estado por responsabilidad por daño ambiental. Cuarto: Que en virtud de lo razonado el recurso de casación en la forma será desestimado. En
cuanto
al
recurso
de
casación
en
el
fondo
interpuesto por la demandada Empresa de Ferrocarriles del Estado. Quinto: Que, en primer lugar, el recurso de nulidad sustancial denuncia que se infringió el artículo 52 inciso primero de la Ley N° 19.300, atendido que el sentenciador aplicó
la
contempla
presunción sin
que
se
de le
responsabilidad atribuya
el
que
ahí
incumplimiento
se de
alguna norma de carácter ambiental, teniendo en cuenta que el no cercar un terreno constituiría una inobservancia de reglas de índole urbanística. Asimismo, afirma que tampoco sirve para construir la presunción vulneración
de
responsabilidad
del
artículo
80
el del
que
se
Código
le
impute
Sanitario,
la por
cuanto ese precepto no es aplicable al caso atendido que el predio
utilizado
por
terceros
no
se
trata
de
un
lugar
destinado a la acumulación o disposición de basuras. Enseguida el recurso da por transgredido el artículo 3° de la Ley N° 19.300 en relación al artículo 2° letra e) del mismo cuerpo legal, toda vez que al no existir una
omisión culposa de su parte que cause daño ambiental, no es posible
que
se
le
responsabilice
por
su
calidad
de
propietario, faltando de este modo el vínculo causal entre la omisión y el daño, destacando que, en definitiva, la causa
basal
de
dicho
perjuicio
es
la
presencia
de
las
escorias de fierro-molibdeno en el terreno, depositado en su
predio
por
un
tercero.
Esto
significa,
expone
el
recurrente, que la omisión culpable imputada a la Empresa de Ferrocarriles del Estado por sí sola no provoca daño ambiental, entendiendo que el suelo no se ha contaminado directamente por ese hecho, sino que por el accionar u omisión culposo o doloso de la codemandada Molymet S.A. Sexto: Que es necesario consignar que la demanda de autos
corresponde
presentada
por
a
el
una
acción
Estado
de
de
reparación
Chile,
en
ambiental
virtud
de
lo
dispuesto en los artículos 53 y 54 de la Ley N° 19.300, en contra
de
la
Empresa
de
Ferrocarriles
del
Estado
y
Molibdenos y Metales S.A. fundada en que la primera en su calidad de propietaria de un predio ubicado en la comuna de San Bernardo, conocido como “Pozo Lo Adasme”, ha permitido que prolifere un vertedero ilegal, debido al deplorable estado
de
abandono
del
inmueble,
la
falta
de
cierre
perimetral y la ausencia de medidas de resguardo; mientras que Molymet S.A. ha utilizado ese terreno como un sitio de disposición
final
de
sus
escorias
particularmente de fierro-molibdeno.
de
fundición,
Séptimo:
Que
constituyen
hechos
de
la
causa
los
realizó
dos
siguientes: 1.-
La
SEREMI
de
Salud
Metropolitana
visitas, los días 4 y 5 de agosto de 2009, a la planta de fierro-molibdeno
de
Molymet
S.A.
constatando
que
los
residuos correspondientes a escoria de fundición generados en dicha planta son los mismos observados en el límite sur del “Pozo Lo Adasme”, hecho que motivó el inicio de un sumario residuos
sanitario.
En
domiciliarios
el
predio
y
de
también
se
construcción,
observaron
entre
otros
desechos que conformaban un vertedero ilegal y abierto. 2.- La mencionada SEREMI desde septiembre de 2009 ha ordenado a la Empresa de Ferrocarriles del Estado tanto el retiro y disposición en lugares autorizados de los residuos encontrados en el predio de su dominio como las medidas de construir un cerco perimetral e impedir que se vuelvan a disponer
residuos
de
cualquier
naturaleza
en
el
mismo.
Además, se instruyó a Molymet S.A. a realizar un análisis del
contenido
de
los
metales
pesados
existentes
en
el
material depositado en el recinto y presentar un proyecto de saneamiento con un cronograma definido y de ejecución próxima. 3.- Por Resolución N° 1072 de 4 de febrero de 2010, de la
misma
SEREMI,
se
aplicó
una
multa
a
la
Empresa
de
Ferrocarriles del Estado en su calidad de responsable del predio y se le ordena el saneamiento del vertedero ilegal,
junto con adoptar las medidas necesarias para controlar el riesgo sanitario existente. 4.- Las escorias de fierro-molibdeno presentes en el predio referido provienen de la planta que Molymet S.A. tiene a un kilómetro de éste. 5.-
Contiguo al predio existe un sector habitacional
y otro industrial. 6.-
Hacia
diciembre
de
2010
el
predio
en
cuestión
estaba cerrado con panderetas de cemento, alambres de púa y un portón de metal sin presencia de aguas acumuladas. 7.-
Hacia
marzo
de
2011
había
presencia
de
aguas
superficiales en el límite sur-oriente del predio. Dichas aguas provinieron del rebalse de un canal de regadío que pasa cerca de uno de los costados del inmueble. 8.- Al 22 de diciembre de 2011 no hay cerco hacia el poniente
del
predio
y
el
cuerpo
de
agua
superficial
observado durante la visita anterior -28 de noviembre de 2011- estaba seco. 9.- Producto de la interacción de estos residuos entre sí y con otros se ha producido un proceso de lixiviación de metales
pesados
presentes
en
las
escorias
de
fierro-
molibdeno que incluyen arsénico, cobalto, cobre, hierro, molibdeno, níquel, plomo y vanadio. 10.- Desde el año 1999 Molymet S.A. cuenta con un pozo vertedero
denominado
“Pozo
Las
Acacias”
ubicado
en
San
Bernardo,
el
cual
se
encuentra
destinado
a
la
correcta
disposición de sus residuos inertes. Octavo:
Que
la
sentencia
de
primera
instancia,
en
síntesis, para acoger la demanda en contra de la Empresa de Ferrocarriles
del
consideraciones,
Estado
que
el
desarrolló
Tribunal
de
las
Alzada
siguientes hizo
suyas.
Indicó que dicha empresa no ejerció un debido control sobre su predio al haber tolerado la disposición de toda clase de residuos, afirmando que las escorias de fierro-molibdeno depositadas en el mismo han contribuido a contaminar el lugar
por
exposición
y
lixiviación
de
metales
pesados.
Además, aclaró que al haberse constatado la presencia de arsénico, cobalto, cobre, hierro, molibdeno, níquel, plomo y
vanadio
en
concentraciones
el
suelo,
superiores
entre a
otros
niveles
metales,
de
en
intervención
específicos para el uso de suelo residencial y comercial, no queda más que concluir que dichas escorias corresponden a contaminantes que unidos a otros residuos presentes puede constituir un riesgo a lo menos para la calidad de vida de la
población
concentración
cercana, de
estos
teniendo metales
no
presente es
que
la
compatible
con
asentamientos habitacionales o destinados al comercio en zonas determinadas. Discurre
el
fallo
que
la
contaminación
producida
implica un menoscabo al suelo y un riesgo para la calidad de vida de la población, siendo un daño significativo y
apto para influir negativamente en la calidad de vida de las personas que habitan en las proximidades. Concluye que la Empresa de Ferrocarriles del Estado, incluso
después
de
construir
un
cierre
perimetral,
que
tiempo más tarde luce parcial, ha tolerado que terceros dispongan residuos y desechos de distinta naturaleza en el lugar,
convirtiéndolo
comportamiento
que
se
en
un
aparta
de
vertedero
la
legalidad,
ilegal, como
por
ejemplo de lo establecido en el artículo 80 del Código Sanitario, configurándose a su respecto una presunción de culpabilidad y consecuentemente el nexo causal entre esa tolerancia y el daño causado al suelo. Noveno: Que, a su turno, la Corte de Apelaciones de Santiago,
reforzando
las
argumentaciones,
agregó
que
la
Empresa de Ferrocarriles del Estado no ha dado cumplimiento en forma ininterrumpida a sus obligaciones de mantener el inmueble perimetralmente cerrado y de velar porque dicho cierre
permaneciera
colegirse
que
en
permanentemente
caso
contrario
incorrupto,
se
habría
pudiendo
impedido
el
ingreso de las escorias de molibdeno y de otros residuos y desechos que cubren profusamente la superficie del “Pozo Lo Adasme”. Culmina negligente
aseverando de
ambos
que
es
indudable
demandados
ambiental al suelo del terreno.
que
desencadenó
el el
actuar daño
Décimo:
Que
en
estos
autos
se
dedujo
la
acción
ambiental creada por la Ley Nº 19.300 que tiene por objeto lograr la restauración del medio ambiente, contemplada en el artículo 2 letra s) que prescribe: “la acción de reponer el medio ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado, o en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas”. Cabe
recordar
que
el
Mensaje
del
Presidente
de
la
República con que se inició la tramitación de la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente acude a dos principios. El
primero
dispone
que
el
que
contamina
paga,
lo
cual
implica que los particulares deben incorporar a sus costos de producción todas las inversiones necesarias para evitar la contaminación. El segundo es el de la “responsabilidad”, que busca que los responsables por daño ambiental reparen los
daños
causados
a
sus
víctimas
y
que
se
repare
materialmente el daño causado al medio ambiente, obligando al causante del daño a restaurar el paisaje deteriorado. Undécimo: Que en relación a este último principio es pertinente ilustrar el asunto con la transcripción de las siguientes normas de la Ley N° 19.300: El artículo 3° señala: “Sin perjuicio de las sanciones que señale la ley, todo el que culposa o dolosamente cause daño
al
medio
ambiente,
estará
obligado
a
repararlo
materialmente,
a
su
costo,
si
ello
fuera
posible,
e
indemnizarlo en conformidad a la ley”. A
su
vez
el
artículo
51
prescribe:
“Todo
el
que
culposa o dolosamente cause daño ambiental responderá del mismo en conformidad a la presente ley. No obstante, las normas sobre responsabilidad por daño al medio ambiente contenidas en leyes especiales prevalecerán sobre las de la presente
ley.
Sin
perjuicio
de
lo
anterior,
en
lo
no
previsto por esta ley o por leyes especiales, se aplicarán las disposiciones del Título XXXV del Libro IV del Código Civil”. A
su
turno
el
artículo
52
dispone:
“Se
presume
legalmente la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existe infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención o de descontaminación, a las regulaciones especiales para los casos
de
protección,
emergencia
ambiental
preservación
o
o
a
las
conservación
normas
sobre
ambientales,
establecidas en la presente ley o en otras disposiciones legales o reglamentarias. Con todo, sólo habrá lugar a la indemnización, en este evento, si se acreditare relación de causa a efecto entre la infracción y el daño producido”. Duodécimo:
Que
en
relación
a
la
atribución
de
responsabilidad a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, para
los
sentenciadores
se
basa
en
la
presunción
de
culpabilidad contemplada en esta última norma. Respecto a ello, cabe señalar que aun cuando el vicio denunciado por dicho recurrente fuere efectivo, éste no tiene influencia en
lo
decisivo
del
fallo,
puesto
que
la
culpa
de
ese
demandado igualmente correspondía tenerla por establecida en
base
a
la
prueba
rendida
en
autos,
esto
es,
sin
presumirla por haber infringido normas sobre protección, preservación o conservación ambientales establecidas en la Ley
N°
19.300
o
en
otras
disposiciones
legales
o
reglamentarias. En efecto, en caso de dictarse sentencia de reemplazo de la misma manera debió tenerse por configurada la culpa por omisión de la demandada, toda vez que faltó a sus
deberes
de
vigilancia
y
cuidado
para
proteger
el
terreno de su propiedad y sus componentes, calificando esta conducta como descuidada y negligente, sin invocar para llegar a ello la presunción de culpa establecida en el artículo 52 de la Ley N° 19.300. Décimo
tercero:
Que
de
esta
manera
y
tal
como
se
decidió anteriormente por esta Corte en sentencia dictada en la causa Rol N° 3579-2012, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 3° y 51 de la Ley N° 19.300 se colige que al no existir normas sobre responsabilidad en esta materia contenidas en leyes especiales, se aplican las normas de esta ley, que “ratifica el principio general de que la responsabilidad
civil
sólo
procede
respecto
del
daño
ambiental causado culpable o dolosamente”, aplicándose las
normas
generales,
por
lo
responsabilidad
está
característicos:
acción
capaz,
culpa,
Responsabilidad
que
sujeta u
daño
“en a
los
omisión y
materia
cuatro
voluntaria
causalidad”
Extracontractual,
ambiental
la
elementos de
persona
(Tratado
Enrique
Barros
de
Bourie,
Editorial Jurídica de Chile, pág. 799.). El
tratadista
citado
expresa
al
respecto
que
“la
responsabilidad civil que se sigue del daño ambiental se puede construir por dos conceptos diferentes: en primer lugar,
en
razón
de
la
infracción
de
normas
legales
o
reglamentarias, caso en el cual la culpa se presume, esto es, a la empresa que causa el daño le incumbe probar que actuó con diligencia; en segundo lugar, aunque la empresa no
haya
infringido
responderá
si
no
norma ha
legal
o
empleado
reglamentaria el
debido
alguna, cuidado,
determinando por los usos normativos y prudencialmente por los jueces” (obra citada, pág. 801). Décimo cuarto: Que de lo expresado en el considerando vigésimo
segundo
de
la
sentencia
de
primera
instancia
reproducido por la de alzada quedó establecida la falta de vigilancia y cuidado de la Empresa de Ferrocarriles del Estado en orden a la protección del componente suelo de un terreno próximo a sectores habitacionales y con ello una conducta al menos descuidada y negligente de su parte. Para arribar a esta conclusión ha de tenerse en consideración las probanzas rendidas a que se alude en el considerando
décimo de la mencionada sentencia y que permitieron asentar los hechos señalados en el fundamento séptimo del presente fallo. Décimo quinto: Que en este orden de consideraciones resulta
pertinente
indicar:
“Nuestro
Código
Civil
ha
definido la culpa en el art. 44. Aunque las definiciones que da se refieren más bien a la culpa contractual por ser la única que admite graduación, son aplicables igualmente en materia de delitos y cuasidelitos, tanto porque la culpa es
una
misma
en
materia
contractual
y
en
materia
cuasidelictual, cuanto porque el art. 44 se limita a decir que la ley distingue tres especies de culpa o descuido, que en
seguida
define,
sin
referirlas
a
una
materia
determinada”. “De esas definiciones se desprende que la culpa, que ese artículo y otros (arts. 2319 y 2329) hacen sinónimo de descuido o negligencia, es la falta de aquella diligencia o cuidado que los hombres prudentes emplean ordinariamente en sus actos y negocios propios”. “La culpa, según esto, es un error de conducta, supone descuido,
imprudencia,
negligencia,
falta
de
precaución,
atención o vigilancia, inadvertencia, omisión de aquellos cuidados que la prudencia requiere o hace necesarios, sin que sea de rigor que haya una infracción reglamentaria; la ley no la exige. En otros términos, hay culpa cuando no se obra como se debiere, cuando no se hace lo que hubiera
debido hacerse” (De la Responsabilidad Extracontractual en el
Derecho
Civil
Chileno,
Arturo
Alessandri
Rodríguez,
Imprenta Universitaria, año 1943, pág. 172). Para determinar entonces si la calificación jurídica de la conducta de la demandada es descuidada y negligente, corresponde establecer el patrón de conducta que habría tenido que observar razonablemente el propietario diligente de un predio que comprende una superficie aproximada de seis hectáreas próximo a un sector poblacional (comuna de San Bernardo), cercano a un canal de riego y sin cierre perimetral. Décimo sexto: Que entonces se hace necesario efectuar una
breve
reseña
acerca
de
algunas
disposiciones
que
contempla nuestro ordenamiento jurídico en relación a la materia: El artículo 2.5.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones consigna, en lo que interesa, que "los sitios
eriazos
edificación,
y
las
propiedades
ubicados
en
áreas
abandonadas urbanas,
con
deberán
y
sin
tener
cierros levantados en su frente hacia el espacio público, siendo responsabilidad de los propietarios mantenerlos en buen estado", agregando el inciso segundo que: "el Alcalde deberá
notificar
abandonadas, mejoras
o
con
a y
los sin
reparaciones
propietarios
edificaciones, que
deban
de
propiedades
respecto
ejecutarse
en
de
las
dichas
propiedades,
relativas
a
cierro,
higiene
y
mantención,
otorgando un plazo prudencial para ello". A
su
turno,
el
artículo
79
de
la
Ley
General
de
Urbanismo y Construcciones estatuye: “Corresponderá a las Municipalidades desarrollar las acciones necesarias para la rehabilitación
y
deterioradas
o
coordinación
con
planes
saneamiento
de
insalubres
dentro
los
de
planes
habitacionales
del
las de
esta
la
misma
Ministerio
de
poblaciones comuna,
en
naturaleza
y
Vivienda
y
Urbanismo”. El artículo 81 del mismo cuerpo legal señala: “Para prevenir el deterioro progresivo de un sector del barrio, la Municipalidad podrá ejercer las siguientes facultades: b) ordenar la construcción de cierros exteriores en los sitios eriazos, en plazos no inferiores a seis meses, con las
características
que
señale
el
Plan
Regulador
y
su
Ordenanza local, o las que se fijen a falta de aquellos (…) En el ejercicio de estas facultades, la Municipalidad podrá apercibir a los propietarios con el apercibimiento de una multa si no cumpliesen con lo ordenado, la que se hará efectiva administrativamente a beneficio municipal”. En el artículo 58 bis de la Ley de Rentas Municipales se
expresa:
“Las
propiedades
abandonadas,
con
o
sin
edificaciones, ubicadas en áreas urbanas, pagarán a título de multa a beneficio municipal, el 5% anual calculado sobre el avalúo fiscal total de la propiedad.
Se entenderá por propiedad abandonada, el inmueble no habitado que se encuentre permanentemente desatendido, ya sea por falta de cierros, protecciones adecuadas, aseo, mantención,
o
por
otras
circunstancias
manifiestas
de
abandono o deterioro que afecten negativamente el entorno inmediato”. El indica:
artículo
80
del
“Corresponde
Código
al
Sanitario,
Servicio
cuyo
texto
de
Salud
Nacional
autorizar la instalación y vigilar el funcionamiento de todo
lugar
destinado
a
la
acumulación,
selección,
industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. Al otorgar esta autorización, el Servicio Nacional de Salud determinará las condiciones sanitarias y de seguridad que deben cumplirse para evitar molestia o peligro para la salud de la comunidad o del personal que trabaje en estas faenas”. Décimo séptimo: Que de estas disposiciones es posible inferir que recae sobre el dueño de un predio –al menos de las
características
del
inmueble
de
autos-
el
deber
de
cercar su propiedad, cuya finalidad es doble, esto es, la de impedir el ingreso de personas y proteger el interés de la
colectividad,
como
impidiendo
que
la
finca
sea
un
basural, menoscabando de ese modo los componentes naturales del suelo y consecuencialmente el entorno y hábitat de la vecindad
próxima.
Es
así
que
de
acuerdo
a
los
hechos
asentados corresponde tener por establecido que el actuar de la demandada fue culpable, por no haber cumplido ese deber y previendo que podía producirse un daño ambiental, al
haber
permitido
de
un
modo
permanente,
incluso
con
conocimiento de las sanciones impuestas por la autoridad de salud, que el terreno fuera utilizado como vertedero. La previsión que se exige en este caso es un actuar para evitar las consecuencias dañosas, manifestado en la falta de adopción de medidas conducente a la protección del suelo de una propiedad de la envergadura de la de autos y cuyo dominio
detentaba
desde
el
año
2005,
conociendo
de
su
utilización como basural y sin cerco. Que en cuanto a la posibilidad que dicha empresa tenía de haber podido evitar el hecho dañoso que se le imputa, resulta evidente que de haberse puesto más vigilancia en el predio y de haberse reaccionado con mayor decisión frente a las irrupciones de los terceros que actuaban en él, se habrían podido proteger el terreno y por ende al sector poblacional cercano. Es perfectamente plausible estimar que con una acción más diligente de la propietaria, como es el establecimiento de una vigilancia y un cierre efectivo de su
perímetro
destinado
a
impedir
el
desplazamiento
y
disposición de residuos, el estropicio se habría evitado, pues se habría así actuado preventivamente. Todas estas son acciones que estaban en la órbita de la demandada, que hubiera podido adoptar, y no se adoptaron. Un riesgo de
esta
envergadura
obliga
a
un
hombre
prudente
a
adoptar
precauciones adecuadas para enfrentarlo, porque además de las enormes consecuencias ambientales y sanitarias del daño que se irrogarían por la omisión en la adopción de medidas de resguardo y cuidado adecuadas, estaba involucrada su responsabilidad. No se trata de calificar a la demandada como negligente por el mero hecho de que ser dueño del predio, sino, como lo hace la sentencia, de imputarle una conducta
que
está
bajo
lo
esperado
respecto
de
un
propietario de un predio de esas características. Como consecuencia de lo razonado, sólo cabe concluir que la Empresa de Ferrocarriles del Estado incurrió en una omisión culposa al no adoptar las medidas de vigilancia y cuidado que impidieran la disposición de residuos en su predio. Décimo
octavo:
Que
establecido
que
la
demandada
incurrió en una omisión culpable y sin que exista discusión en que se produjo un daño significativo al medio ambiente, es
posible
también
dar
por
acreditada
la
relación
de
causalidad entre este último y la conducta descuidada y negligente de la recurrente. “Hay
relación
de
causalidad
cuando
el
hecho
–o
la
omisión- doloso o culpable es la causa directa y necesaria del daño, cuando sin él éste no se habría producido”. “Se ha fallado igualmente que si se acredita que los animales muertos por un tren se introdujeron en la vía
debido al mal estado de sus cercos, la responsabilidad de la
empresa
es
Extracontractual Alessandri
evidente” en
el
Rodríguez,
(De
Derecho
Imprenta
la
Responsabilidad
Civil
Chileno,
Universitaria,
Arturo
año
1943,
pág. 241, 242). En el caso de autos, parece razonable y ajustado a Derecho imputarle el daño provocado al medio ambiente. Como ya
se
ha
dicho,
demandada,
que
con
estaba
una en
conducta su
vigilante
posibilidad
de
esta
ejecutar,
es
perfectamente esperable que el daño no se hubiera generado. Porque las condiciones de vigilancia de un predio vienen impuestas por la propia realidad de la situación que la finca enfrenta, y que la sentencia impugnada entiende que se desatendieron. Debe tenerse presente a este respecto que la Ley N° 19.300 describe el daño ambiental como “toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido
al
componentes” constituido
medio y por
por
ambiente
o
a
uno
o
“medio
ambiente”
“el
elementos
naturales
y
más
de
sistema
sus
global
artificiales
de
naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones”. En
base
establecida, derecho
a no
cuando
estos es los
conceptos
posible
y
colegir
sentenciadores
la que
situación exista
afirman
que
fáctica error hay
de una
conducta ilícita de la Empresa de Ferrocarriles del Estado de carácter omisiva, incumplidora de los deberes impuestos por
las
leyes
y
ordenanzas,
que
permitió
que
terceros
acopiaran en un inmueble de su dominio basuras y desechos, afectando
el
componentes
medio
ambiente,
suelo
y
específicamente
subsuelo
como
el
tanto
entorno
los del
asentamiento habitacional próximo al lugar contaminado. En efecto, el daño ambiental fue causado por dicha omisión culposa, la cual concurrió con la conducta del codemandado para
que
se
incorporaran
desfavorablemente componentes
las
referidos
sustancias
condiciones y
dieron
que
alteraron
naturales
lugar
a
un
de
los
deterioro
o
menoscabo del entorno natural y social, particularmente de la colectividad o vecindad próxima al lugar contaminado. Décimo
noveno:
Que,
por
consiguiente,
deberá
desestimarse el recurso de casación en el fondo interpuesto por la Empresa de Ferrocarriles del Estado. En
cuanto
al
recurso
de
casación
en
el
fondo
interpuesto por la demandada Molibdenos y Metales S.A. o Molymet S.A. Vigésimo:
Que
el
recurso
de
nulidad
sustancial
denuncia que se infringió lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley N° 19.300, puesto que se le aplicó la presunción de responsabilidad Decreto
N°
sobre
298
del
la
base
de
Ministerio
haber
infringido
el
de
Transportes
y
Telecomunicaciones de 1995, que reglamenta el transporte de
cargas peligrosas para calles y caminos, en circunstancias que la escoria de fierro-molibdeno, depositada en el predio en cuestión, no es una sustancia peligrosa en los términos del artículo 2 del mismo Decreto. Asimismo, afirma que hay error en la aplicación del artículo
80
del
Código
Sanitario,
que
vincula
con
el
artículo 17 inciso 2° del mencionado Decreto N° 298, dado que
según
aplicable,
lo
recién
de
señalado
modo
que
no
ese
reglamento
no
correspondía
le
es
atribuirle
incumplimiento en los deberes de transporte y disposición final de residuos en el predio del codemandado. Finalmente, argumenta que el sentenciador se equivoca al aplicar los artículos 3 y 51 de la Ley N° 19.300, toda vez que Molymet S.A. no ha ejecutado una acción que cause daño ambiental, por cuanto al no regir en su contra la presunción de culpabilidad debieron probarse los elementos que
dan
acción,
lugar dolo
a o
la
responsabilidad
culpa,
nexo
causal
ambiental, y
daño,
esto
lo
que
es, no
ocurrió. Consecuencialmente, yerra el sentenciador en la aplicación del artículo 2317 del Código Civil, toda vez que no
correspondía
condenarlo
solidariamente
junto
a
la
Empresa de Ferrocarriles del Estado. Vigésimo primero: Que, según se anticipó, el tribunal de primera instancia había desestimado la demanda en contra de Molymet S.A., decisión que fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago, condenándola solidariamente con la
Empresa de Ferrocarriles del Estado como autoras de daño ambiental. En cuanto a la situación fáctica establecida, cabe reproducir lo ya reseñado en el motivo séptimo de este fallo. El tribunal de alzada, en cuanto a las consideraciones jurídicas,
expone
que
no
se
encuentra
justificada
la
argumentación entregada por la demandada para explicar la presencia de escorias en el “Pozo Lo Adasme”, esto es, “robos y/o incumplimientos de terceros durante el proceso de
transporte
y
disposición”.
Para
reforzar
esta
conclusión, el fallo invocó el Decreto Supremo N° 298 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de 1995 que reglamenta el transporte de cargas peligrosas por calles y caminos, y consideró que las escorias de fierro molibdeno son
residuos
peligrosos,
toda
vez
que
su
inadecuada
disposición representa un riesgo para el medio ambiente. Esgrimió que al acopiar dichas escorias en un lugar no autorizado transgrede los deberes impuestos en el Decreto 298/95, durante el proceso de transporte. Agrega que producto de la interacción de los residuos entre sí y con otras substancias presentes en el lugar se produjo un proceso de lixiviación de metales pesados que han contribuido a contaminar el suelo del lugar de forma significativa.
Concluye normas
que
sobre
ambientales
la
infracción
protección, implica
de
Molymet
preservación
aplicar
la
S.A.
o
a
las
conservación
presunción
legal
de
responsabilidad prevista en el artículo 52 de la Ley N° 19.300. Vigésimo
segundo:
Que
en
cuanto
a
la
denuncia
de
vulneración de la disposición recién citada, es necesario señalar
que
Apelaciones
más
allá
que
disposición
y
peligrosas,
lo
del
invoca
transporte cierto
es
fundamento
de
la
Corte
un
reglamento
atinente
de
sustancias
calificadas
que
tal
argumento,
aun
de
a
la como
cuando
fuere erróneo, no es capaz de influir sustancialmente en lo dispositivo del fallo, según se pasa a explicar. Vigésimo tercero: Que, en efecto, conforme a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, el medio ambiente libre de contaminación es aquel en el que los contaminantes se encuentran
en
concentraciones
y
períodos
inferiores
a
aquellos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación
de
la
naturaleza
o
a
la
conservación
del
patrimonio ambiental. A su turno, la noción de contaminante es
definida
derivado
como:
“todo
químico
o
vibración,
ruido,
o
presencia
en
el
elemento, biológico,
una
compuesto,
sustancia,
energía,
radiación,
combinación
ambiente,
en
de
ellos,
ciertos
cuya
niveles,
concentraciones o periodos de tiempo, pueda constituir un
riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental”. De acuerdo con los conceptos legales dados y conforme a los factores a que se refiere, se aprecia que la noción de
contaminante
interpretación procura
es
que
dar
amplia
mejor
se
y
adecua
reconocimiento
constitucional
a
vivir
en
funcional a
la
efectivo
un
medio
y
es
la
finalidad
que
al
ambiente
derecho libre
de
contaminación y que es recogida por el fallo de primera instancia, que hizo suyo el tribunal de alzada. En este sentido,
la
doctrina
señala:
“Aun
cuando
desde
la
perspectiva de la seguridad jurídica que involucra puede ser
atractivo,
es
obviamente
discutible
respecto
de
la
protección efectiva de las personas, y no parece correcto puesto que obviamente, la ausencia de norma respecto de un elemento no le quita la característica de ensuciar el aire, o de producir daño, sólo indica que este país aún no ha definido
que
es
importante
normarlo,
y
qué
niveles
de
concentraciones de dicho contaminante esa sociedad estima como
aceptables.
Por
otra
parte,
llevar
al
límite
la
interpretación indicada, nos llevaría a la conclusión, que sólo se pueden controlar o limitar de alguna forma aquellos elementos
contaminantes
que
se
encuentran
regulados
a
través de una norma de calidad o emisión, pero ello no es así
(En
“La
regulación
constitucional
del
ambiente
en
Chile. Aspectos sustantivos y adjetivos. Historia, doctrina y
jurisprudencia.
Rodrigo
Guzmán
Rosen.
Segunda
edición
actualizada. Abeledo Perrot. LegalPublishing. 2010, citando “El
Futuro
Ambiente,
del
Derecho
Congreso
Ambiental”,
Internacional,
Derecho
Edit.
del
Jurídica
Medio ConoSur
Ltda. 1988, p. 537). Vigésimo cuarto: Que, de esta manera, si se considera que ha quedado fuera de discusión fáctica que el terreno abandonado en cuestión se encuentra cubierto profusamente con escorias de fierro molibdeno y que se ha producido un proceso de lixiviación de estos metales que ha menoscabado significativamente el suelo, nadie podría dudar que tales escorias
se
jurídica
de
encuentran
incluidas
“contaminante”,
de
dentro
modo
de
que
se
la
noción
tornaba
en
irrelevante el cuestionamiento a la aplicación del Decreto Supremo N° 298/95. Vigésimo quinto: Que, así las cosas, no se aprecia la infracción denunciada por el recurrente al artículo 52 de la Ley N° 19.300, porque es claro que a Molymet S.A. le afecta
la
infringido
presunción normas
de
culpabilidad
sobre
protección,
luego
de
haber
preservación
o
conservación ambientales. En efecto, esa empresa no observó el
artículo
80
del
Código
Sanitario,
que
habilita
para
disponer de residuos únicamente en lugares autorizados al efecto. Una interpretación contraria llevaría al absurdo de sostener que una empresa autorizada para funcionar y que
incluso
aparece
que
posee
especiales
capacidades
y
conocimientos sobre su actividad industrial, se encuentra facultada
para
descargar
materiales
contaminantes
en
terrenos ajenos y no autorizados, o sea, importaría suponer que tiene permiso para ocasionar daño ambiental. En conclusión, no hay yerro jurídico en la aplicación del
artículo
52
de
la
Ley
N°
19.300,
por
cuanto
efectivamente la demandada se presume responsable por no observar normas de protección ambiental, como la contenida en el artículo 80 del Código Sanitario. Vigésimo sexto: Que el segundo acápite del recurso, que apunta a acusar la transgresión de los artículos 3 y 51 de la Ley N° 19.300, tampoco podrá prosperar, atendido que el fallo correctamente aplicó a Molymet S.A. la presunción legal de culpabilidad, que lleva a concluir que es autora de
daño
ambiental
por
haber
incurrido
en
la
conducta
ilícita de efectuar operaciones de acopio de sustancias contaminantes,
de
manera
permanente
en
un
terreno
no
autorizado para ello y más todavía, la falta de remoción del material, pese a estar dicha medida ordenada por la autoridad relación
sanitaria, de
demuestra
causalidad
entre
con
la
mayor
conducta
perjuicio originado al medio ambiente.
intensidad
la
imputada
el
y
Por otra parte, las
reflexiones del Tribunal de Alzada que intentan desvirtuar las explicaciones del demandado acerca de la manera en que un
gran
volumen
de
escorias
de
fierro
molibdeno
–dos
toneladas- se trasladó desde la planta industrial hasta el predio conocido como “Pozo Lo Adasme” sólo pretenden dejar en claro que su justificación no está probada, o en otras palabras, que la contaminación del suelo tuvo su origen en su propia acción y no en el hecho de un tercero. Vigésimo séptimo: Que, finalmente, el recurso acusa la vulneración del artículo 2317 del Código Civil y ello como una consecuencia de la errónea aplicación de los artículos 3, 51 y 52 de la Ley N° 19.300, transgresión que, como ha quedado
establecido,
deberá
también
no
se
ha
desestimarse
configurado, el
de
capítulo
modo
de
que
nulidad
formulado bajo este supuesto. Vigésimo
octavo:
Que,
consideraciones,
sólo
fondo
incurrido
no
han
denunciados,
por
lo
cabe
que
en
concluir en
se
los
virtud
de
que
jueces
los
errores
rechazarán
los
de
estas del
derecho
recursos
de
casación en el fondo presentados por los demandados. Y visto además lo dispuesto en los artículos 764, 767, 768 y 808 del Código de Procedimiento Civil, se rechazan los
recursos
interpuestos
de por
casación la
en
abogada
la
forma
Mariela
y
en
González
el
fondo
Martel
en
representación de la demandada Empresa de Ferrocarriles del Estado en su presentación de fojas 499 y el recurso de casación Brancoli
en
el
Bravo
fondo en
presentado su
escrito
por de
el
abogado fojas
Ricardo
511,
en
representación de la demandada Molibdenos y Metales S.A.,
en contra de la sentencia de cuatro de noviembre de dos mil trece, escrita a fojas 487. Se
previene
que
la
Ministra
señora
Egnem
estuvo
también por desestimar el recurso de casación en el fondo deducido por la Empresa de Ferrocarriles del Estado, pero teniendo en consideración los siguientes fundamentos: 1°) Que el artículo 52 de la Ley N° 19.300 prescribe: “Se presume legalmente la responsabilidad del autor del daño
ambiental,
si
existe
infracción
a
las
normas
de
calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención o de descontaminación, a las regulaciones especiales para los casos de emergencia ambiental o a las normas
sobre
protección,
preservación
o
conservación
ambientales, establecidas en la presente ley o en otras disposiciones legales o reglamentarias. Con todo, sólo habrá lugar a la indemnización, en este evento, si se acreditare relación de causa a efecto entre la infracción y el daño producido”. No
cabe
duda
que
la
aplicación
de
la
presunción
conlleva una culpa legal o infraccional, esto es, que se presume la culpa del autor del daño ambiental, una vez que se ha establecido la infracción de alguna de las normas que en la disposición se enuncian. 2°) Que el recurso alega que se aplicó a la Empresa de Ferrocarriles del Estado la mencionada presunción de manera indebida, puesto que la obligación de cercar un terreno
propio
no
deriva
urbanística. dispuesto
Y
el
basura
aplicación Sanitario,
en
de
norma
tolerar
y
que
escorias
su
dado
una
contra
que
esa
en
no
el
sino
predio
podría
del norma
ambiental,
dar 80
exige
lugar
un
se
lugar
artículo
que
del
haya a
la
Código
destinado
legalmente para vertedero y no que en el hecho se haya producido esa situación. 3°) Que visto el marco normativo respectivo, resulta que el error de derecho denunciado –infracción al artículo 52 de la Ley N° 19.300- es infundado, según se explica a continuación. En
efecto,
en
relación
con
las
obligaciones
ambientales de un titular de dominio de un inmueble, el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, que consagra el derecho
de
propiedad,
establece
como
un
conjunto
de
elementos que integran las obligaciones que derivan de la función social de la propiedad. En este sentido, se ha expresado que “La función social de la propiedad no fue definida por el constituyente ni por el legislador, sin embargo podemos definirla como ‘el empleo o uso racional de la
propiedad
en
armonía
con
los
intereses
colectivos”
(Evans de la Cuadra). Ya el Tribunal Constitucional, en los Roles N° 245 y 246, de diciembre de 1996, expuso: “la función social de la propiedad significa que esta tiene un valor
individual
y
social,
por
lo
que
servicio de la persona y de la sociedad”.
debe
estar
al
4°) Que, en concordancia con lo expuesto, se constata que existe una serie de disposiciones en el ordenamiento jurídico que sólo pueden ser comprendidas e interpretadas cabalmente en la medida que se entiende que la propiedad tiene esa función social, además de la individual. En esa perspectiva, cuando se predica que el dueño de un predio tiene la obligación de cercar su propiedad, puede verse obviamente el asunto desde su propio interés, esto es, de impedir
el
ingreso
de
personas
en
su
propiedad,
pero
también puede observarse nítidamente que otra finalidad de la preceptiva es proteger el interés de la colectividad, como
será
el
impedir
que
la
finca
sea
usada
como
un
basural, menoscabando de este modo no solo los componentes naturales del suelo y eventualmente del agua y el aire, sino que también el mismo entorno o hábitat de la vecindad. 5°)
Que,
ahora
bien,
debe
reconocerse
que
la
legislación en torno a esta última materia es dispersa e inorgánica; juzgador
la
sin
embargo,
recabe
y
la
ello
no
puede
interprete
impedir
que
armónicamente,
el con
fundamento en la Constitución Política y en lo que atañe al caso, en la Ley de Bases del Medio Ambiente, N° 19.300. A este respecto, es preciso ilustrar el asunto con las siguientes disposiciones: El artículo 2.5.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones consigna, en lo que interesa, que "los sitios
eriazos
y
las
propiedades
abandonadas
con
y
sin
edificación,
ubicados
en
áreas
urbanas,
deberán
tener
cierros levantados en su frente hacia el espacio público, siendo responsabilidad de los propietarios mantenerlos en buen estado", agregando el inciso segundo que: "el Alcalde deberá
notificar
abandonadas, mejoras
o
a
con
y
los sin
reparaciones
propiedades,
relativas
propietarios
de
edificaciones, que a
deban
propiedades
respecto
ejecutarse
cierro,
higiene
y
de
en
las
dichas
mantención,
otorgando un plazo prudencial para ello". A
su
turno,
el
artículo
79
de
la
Ley
General
de
Urbanismo y Construcciones estatuye: “Corresponderá a las Municipalidades desarrollar las acciones necesarias para la rehabilitación
y
deterioradas
o
coordinación
con
planes
saneamiento
de
insalubres
dentro
los
de
planes
habitacionales
del
las de
esta
la
misma
Ministerio
de
poblaciones comuna,
en
naturaleza
y
Vivienda
y
Urbanismo”. El artículo 81 del mismo cuerpo legal señala: “Para prevenir el deterioro progresivo de un sector del barrio, la Municipalidad podrá ejercer las siguientes facultades: b) ordenar la construcción de cierros exteriores en los sitios eriazos, en plazos no inferiores a seis meses, con las
características
que
señale
el
Plan
Regulador
y
su
Ordenanza local, o las que se fijen a falta de aquellos (…) En el ejercicio de estas facultades, la Municipalidad podrá apercibir a los propietarios con el apercibimiento de una
multa si no cumpliesen con lo ordenado, la que se hará efectiva administrativamente a beneficio municipal”. Incluso, en el artículo 58 bis de la Ley de Rentas Municipales se expresa: “Las propiedades abandonadas, con o sin edificaciones, ubicadas en áreas urbanas, pagarán a título
de
multa
a
beneficio
municipal,
el
5%
anual
calculado sobre el avalúo fiscal total de la propiedad. Se entenderá por propiedad abandonada, el inmueble no habitado que se encuentre permanentemente desatendido, ya sea por falta de cierros, protecciones adecuadas, aseo, mantención,
o
por
otras
circunstancias
manifiestas
de
abandono o deterioro que afecten negativamente el entorno inmediato”. 6°) Que en base a lo que se viene sosteniendo en este fallo, es posible, entonces, dar una interpretación amplia a la categoría normativa empleada por el artículo 52 de la Ley N° 19.300, que contempla la presunción de culpabilidad del
autor
del
infringido,
daño
entre
ambiental
otras,
respecto
“normas
de
sobre
quien
ha
protección,
preservación o conservación ambientales”, en el sentido que quedan
incorporadas
disposiciones
del
ordenamiento
jurídico, como las reseñadas en el motivo precedente, que desde
una
concepción
global
y
armónica
tienden
a
la
protección al medio ambiente. De una manera muy acertada acerca de esta realidad normativa
se
ha
señalado:
“En
sentido
lato,
en
cambio,
incluimos también en el concepto de derecho ambiental lo concerniente deliberada
a
la
legislación
heterodoxa,
e
de
incluso,
incidencia lo
ambiental
relativo
a
la
legislación de incidencia ambiental casual, desde que estas categorías normativas, pese a su percepción inadecuada de la problemática ambiental, operan, no obstante, de hecho, o puedan llegar a operar, efectos estimables, más o menos beneficios o perjudiciales, sobre la estructura ambiental global, lo que no puede estar ajeno a la consideración de las
relaciones
Ambiental.
entre
Presente
derecho y
y
ambiente”
Pasado”,
(“El
Rafael
Derecho
Valenzuela
Fuenzalida, Editorial Jurídica de Chile, primera edición, 2010, página 22). Por lo tanto, la demandada Empresa de Ferrocarriles del Estado ha incumplido normas de protección ambiental en los términos contemplados en el artículo 52 antes citado, dando
lugar
a
la
aplicación
de
la
presunción
legal
de
culpabilidad. 7°) Que, más todavía, los jueces de la instancia han aplicado correctamente la presunción referida, al haber la demandada incumplido el artículo 80 del Código Sanitario, cuyo texto indica: “Corresponde al Servicio Nacional de Salud autorizar la instalación y vigilar el funcionamiento de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización,
comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. Al otorgar esta autorización, el Servicio Nacional de Salud determinará las condiciones sanitarias y de seguridad que deben cumplirse para evitar molestia o peligro para la salud de la comunidad o del personal que trabaje en estas faenas”. La mencionada disposición regula la existencia de los vertederos y, sin duda, de una interpretación finalista surge que nadie puede usar un lugar para que sirva de basural,
sin
la
competente
autorización.
En
esas
circunstancias, el haber permitido de un modo permanente, incluso con conocimiento de las sanciones impuestas por la autoridad de salud, que el terreno fuera utilizado para ese efecto, incurre en evidente infracción de la norma. En
virtud
de
lo
señalado
los
sentenciadores
se
ajustaron a la normativa al establecer que hay una conducta ilícita
de
la
Empresa
de
Ferrocarriles
del
Estado
al
incurrir en incumplimiento de los deberes contemplados por las
leyes
y
ordenanzas
referidas,
que
permitió
que
el
codemandado acopiara residuos en un predio de su dominio, afectando con ello significativamente el medio ambiente, en particular, los componentes del suelo y subsuelo como el entorno del asentamiento habitacional próximo.
8°)
Que,
por
consiguiente,
los
sentenciadores
efectuaron una correcta aplicación de la normativa que rige el caso. Regístrese y devuélvase con sus agregados. Redacción a cargo del Ministro Sr. Ballesteros y la prevención de su autora. Rol N° 15.996-2013. Pronunciado
por
la
Tercera
Sala
de
esta
Corte
Suprema
integrada por los Ministros Sr. Rubén Ballesteros C., Sr. Héctor Carreño S., Sr. Pedro Pierry A., Sra. Rosa Egnem S., y Sra. María Eugenia Sandoval G. No firma, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, la Ministro señora
Sandoval
por
estar
en
comisión
de
servicios.
Santiago, 01 de septiembre de 2014.
Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema. En
Santiago,
a
uno
de
septiembre
de
dos
mil
catorce,
notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
estos
autos
Rol
N°
6454-2010
seguidos
ante
el
Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Santiago, por sentencia de treinta de marzo de dos mil doce, escrita a fojas 371, se acogió la acción de reparación ambiental interpuesta por el Estado
de
Chile
sólo
en
cuanto
se
declaró
que
se
ha
producido daño ambiental en el predio conocido como “Pozo Lo Adasme” ubicado en la comuna de San Bernardo, por lo que se
condenó
cerrar
a
la
Empresa
completamente
el
de
Ferrocarriles
perímetro
de
la
del
Estado
propiedad
y
a a
ejecutar un proyecto de saneamiento del suelo, que incluya el retiro total de los residuos de distinta naturaleza allí dispuestos y su traslado a un acopio autorizado, con la posibilidad de utilizar parte de éstos, en tanto no se trate
de
escorias
de
fierro-molibdeno
y
resulten
inofensivos en su interacción, como relleno para nivelar las depresiones del terreno, de acuerdo a un programa de monitoreo y seguimiento que deberá ser aprobado por los servicios competentes, medidas que deberán ser cumplidas antes de dos años contados desde hoy. Se rechaza la demanda interpuesta respecto de Molibdenos y Metales S.A. o Molymet S.A. En
contra
de
dicha
sentencia
la
Empresa
de
Ferrocarriles del Estado presentó recursos de casación en la
forma
y
apelación,
el
demandante
Estado
de
Chile
interpuso recurso de apelación, mientras que Molibdenos y Metales S.A. se adhirió a la apelación. La Corte de Apelaciones de Santiago por sentencia de cuatro de noviembre de dos mil trece, escrita a fojas 487, rechazó el recurso de casación en la forma y revocó el fallo
de
primer
grado
en
cuanto
desestimó
la
demanda
planteada contra Molibdenos y Metales S.A. y en su lugar condenó solidariamente a ambas demandadas a ejecutar un proyecto de saneamiento del suelo, que deberá ser aprobado por las autoridades competentes y al retiro total de los residuos de escorias de fierro-molibdeno y a su traslado a un acopio autorizado, medida que deberá ser cumplida dentro del plazo de dos años a contar de la fecha en que el fallo quede
ejecutoriado.
Se
confirma
en
lo
demás
fallo
la
apelado
la
aludida sentencia. En
contra
de
este
último
Empresa
de
Ferrocarriles del Estado interpuso recursos de casación en la forma y en el fondo, mientras que Molibdenos y Metales S.A. presentó recurso de casación en el fondo. Se trajeron los autos en relación. Considerando: En
cuanto
al
recurso
de
casación
en
la
forma
interpuesto por la demandada Empresa de Ferrocarriles del Estado: Primero: Que el recurso de casación en la forma invoca la causal contemplada en el artículo 768 N° 5 del Código de
Procedimiento Civil, en relación al artículo 170 N° 4 del mismo cuerpo legal, por cuanto el fallo impugnado carece de consideraciones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento, al no existir armonía y relación lógica entre los
considerandos
vigésimo
segundo
del
fallo
de
primer
grado y décimo sexto de la sentencia de segunda instancia, desde que este último le atribuye responsabilidad por el incumplimiento de cerrar perimetralmente el predio de su dominio, Municipal-
norma
de
carácter
o
legal
-Ley
Construcciones-,
mientras
administrativo General
que
el
de
–Ordenanza
Urbanismo
fundamento
y
vigésimo
segundo del fallo de primer grado basa la responsabilidad en
la
aplicación
de
la
presunción
de
culpabilidad
del
artículo 52 de la Ley N° 19.300, por infringir normas de carácter ambiental, que no se señalan. Por otro lado, aun cuando
se
dice
responsabilidad subjetiva,
por que
por
el
Tribunal
contempla
dolo
o
la
culpa,
de
Alzada
Ley se
N° le
que
la
19.300
es
condena
por
responsabilidad objetiva nacida por su sola titularidad del derecho de propiedad de un predio en el cual un tercero dolosa o culposamente contamina. Segundo:
Que
planteamiento
del
considerandos
que
para
una
recurso estima
es
adecuada
comprensión
necesario
transcribir
antagónicos.
El
del los
fundamento
vigésimo segundo del fallo de primera instancia indica: “Que,
por
otro
lado,
la
situación
de
Ferrocarriles
del
Estado es diferente, puesto que por su inacción permanente, incluso
después
de
construir
un
cierre
perimetral,
que
tiempo más tarde luce parcial, ha tolerado que terceros dispongan residuos y desechos de distinta naturaleza en el lugar,
convirtiéndolo
comportamiento
que
se
en
un
aparta
de
vertedero
la
legalidad,
ilegal, como
por
ejemplo, de lo establecido en el artículo 80 del Código Sanitario. Por lo mismo, se configura a su respecto la presunción
de
culpabilidad
consecuentemente,
el
nexo
antes
causal
mencionada
entre
la
y,
referida
tolerancia y el daño efectivamente causado al suelo”. En tanto,
el
considerando
segundo
grado
abordar
los
expone: reproches
décimo “Que
sexto
como
de
la
primera
precedentemente
sentencia
de
cuestión
para
enunciados
debe
expresarse que tal como fue establecido por el juez de primer grado, determinación que esta Corte comparte, es un hecho
de
la
causa
que
Ferrocarriles
del
Estado
no
ha
ejercido un debido control sobre el predio de que es dueña, al haber tolerado la disposición en su interior de toda clase de residuos, por no haber dado cumplimiento en forma ininterrumpida en el tiempo a sus obligaciones de mantener el
inmueble
dicho
perimetralmente
cierre
permaneciera
cerrado
y
de
velar
permanentemente
por
que
incorrupto,
pudiendo colegirse que en caso contrario, tal hipotética y deseada situación fáctica habría impedido el ingreso de las escorias de molibdeno y de otros tantos residuos y desechos
que, como se advierte del mérito de la prueba allegada al proceso,
cubren
profusamente
la
superficie
del
Pozo
Lo
Adasme, por lo que en dicho escenario, aparece del todo desacertado
fundar
un
supuesto
motivo
de
exención
de
responsabilidad en la mera conducta de Molymet S.A. puesto que, como se ha dicho, resulta indudable que el actuar negligente de ambos demandados desencadenó en definitiva el daño ambiental al suelo del terreno materia de la acción sub lite”. Tercero: Que del examen de ambos considerandos no se observa ninguna contradicción; por el contrario, se trata de fundamentos armónicos y que pueden coexistir, puesto que ambos atribuyen a la demandada Empresa de Ferrocarriles del Estado
responsabilidad
fundada,
según
el
subjetiva
fallo,
en
la
por
daño
presunción
ambiental, legal
de
culpabilidad y cuyo sustento fáctico se encuentra en una conducta omisiva consistente en que permitió que terceros utilizaran su predio como un lugar de acopio de basuras y escorias de fundición. Aquí debe establecerse que para las sentencias titularidad
de
primera
del
y
dominio
segunda la
que
instancia causa
el
no
es
la
menoscabo
ambiental, sino que el elemento central que configura su responsabilidad es su pasividad con conocimiento de que terceros ocupaban su predio como un basural y lugar de acopio de sustancias contaminantes. En esas circunstancias, no
es
posible
concluir
que
se
configure
el
vicio
denunciado,
toda
vez
que
el
fallo
objeto
del
recurso
contiene los considerandos que sirven de fundamento a su decisión
de
condenar
a
la
Empresa
de
Ferrocarriles
del
Estado por responsabilidad por daño ambiental. Cuarto: Que en virtud de lo razonado el recurso de casación en la forma será desestimado. En
cuanto
al
recurso
de
casación
en
el
fondo
interpuesto por la demandada Empresa de Ferrocarriles del Estado. Quinto: Que, en primer lugar, el recurso de nulidad sustancial denuncia que se infringió el artículo 52 inciso primero de la Ley N° 19.300, atendido que el sentenciador aplicó
la
contempla
presunción sin
que
se
de le
responsabilidad atribuya
el
que
ahí
incumplimiento
se de
alguna norma de carácter ambiental, teniendo en cuenta que el no cercar un terreno constituiría una inobservancia de reglas de índole urbanística. Asimismo, afirma que tampoco sirve para construir la presunción vulneración
de
responsabilidad
del
artículo
80
el del
que
se
Código
le
impute
Sanitario,
la por
cuanto ese precepto no es aplicable al caso atendido que el predio
utilizado
por
terceros
no
se
trata
de
un
lugar
destinado a la acumulación o disposición de basuras. Enseguida el recurso da por transgredido el artículo 3° de la Ley N° 19.300 en relación al artículo 2° letra e) del mismo cuerpo legal, toda vez que al no existir una
omisión culposa de su parte que cause daño ambiental, no es posible
que
se
le
responsabilice
por
su
calidad
de
propietario, faltando de este modo el vínculo causal entre la omisión y el daño, destacando que, en definitiva, la causa
basal
de
dicho
perjuicio
es
la
presencia
de
las
escorias de fierro-molibdeno en el terreno, depositado en su
predio
por
un
tercero.
Esto
significa,
expone
el
recurrente, que la omisión culpable imputada a la Empresa de Ferrocarriles del Estado por sí sola no provoca daño ambiental, entendiendo que el suelo no se ha contaminado directamente por ese hecho, sino que por el accionar u omisión culposo o doloso de la codemandada Molymet S.A. Sexto: Que es necesario consignar que la demanda de autos
corresponde
presentada
por
a
el
una
acción
Estado
de
de
reparación
Chile,
en
ambiental
virtud
de
lo
dispuesto en los artículos 53 y 54 de la Ley N° 19.300, en contra
de
la
Empresa
de
Ferrocarriles
del
Estado
y
Molibdenos y Metales S.A. fundada en que la primera en su calidad de propietaria de un predio ubicado en la comuna de San Bernardo, conocido como “Pozo Lo Adasme”, ha permitido que prolifere un vertedero ilegal, debido al deplorable estado
de
abandono
del
inmueble,
la
falta
de
cierre
perimetral y la ausencia de medidas de resguardo; mientras que Molymet S.A. ha utilizado ese terreno como un sitio de disposición
final
de
sus
escorias
particularmente de fierro-molibdeno.
de
fundición,
Séptimo:
Que
constituyen
hechos
de
la
causa
los
realizó
dos
siguientes: 1.-
La
SEREMI
de
Salud
Metropolitana
visitas, los días 4 y 5 de agosto de 2009, a la planta de fierro-molibdeno
de
Molymet
S.A.
constatando
que
los
residuos correspondientes a escoria de fundición generados en dicha planta son los mismos observados en el límite sur del “Pozo Lo Adasme”, hecho que motivó el inicio de un sumario residuos
sanitario.
En
domiciliarios
el
predio
y
de
también
se
construcción,
observaron
entre
otros
desechos que conformaban un vertedero ilegal y abierto. 2.- La mencionada SEREMI desde septiembre de 2009 ha ordenado a la Empresa de Ferrocarriles del Estado tanto el retiro y disposición en lugares autorizados de los residuos encontrados en el predio de su dominio como las medidas de construir un cerco perimetral e impedir que se vuelvan a disponer
residuos
de
cualquier
naturaleza
en
el
mismo.
Además, se instruyó a Molymet S.A. a realizar un análisis del
contenido
de
los
metales
pesados
existentes
en
el
material depositado en el recinto y presentar un proyecto de saneamiento con un cronograma definido y de ejecución próxima. 3.- Por Resolución N° 1072 de 4 de febrero de 2010, de la
misma
SEREMI,
se
aplicó
una
multa
a
la
Empresa
de
Ferrocarriles del Estado en su calidad de responsable del predio y se le ordena el saneamiento del vertedero ilegal,
junto con adoptar las medidas necesarias para controlar el riesgo sanitario existente. 4.- Las escorias de fierro-molibdeno presentes en el predio referido provienen de la planta que Molymet S.A. tiene a un kilómetro de éste. 5.-
Contiguo al predio existe un sector habitacional
y otro industrial. 6.-
Hacia
diciembre
de
2010
el
predio
en
cuestión
estaba cerrado con panderetas de cemento, alambres de púa y un portón de metal sin presencia de aguas acumuladas. 7.-
Hacia
marzo
de
2011
había
presencia
de
aguas
superficiales en el límite sur-oriente del predio. Dichas aguas provinieron del rebalse de un canal de regadío que pasa cerca de uno de los costados del inmueble. 8.- Al 22 de diciembre de 2011 no hay cerco hacia el poniente
del
predio
y
el
cuerpo
de
agua
superficial
observado durante la visita anterior -28 de noviembre de 2011- estaba seco. 9.- Producto de la interacción de estos residuos entre sí y con otros se ha producido un proceso de lixiviación de metales
pesados
presentes
en
las
escorias
de
fierro-
molibdeno que incluyen arsénico, cobalto, cobre, hierro, molibdeno, níquel, plomo y vanadio. 10.- Desde el año 1999 Molymet S.A. cuenta con un pozo vertedero
denominado
“Pozo
Las
Acacias”
ubicado
en
San
Bernardo,
el
cual
se
encuentra
destinado
a
la
correcta
disposición de sus residuos inertes. Octavo:
Que
la
sentencia
de
primera
instancia,
en
síntesis, para acoger la demanda en contra de la Empresa de Ferrocarriles
del
consideraciones,
Estado
que
el
desarrolló
Tribunal
de
las
Alzada
siguientes hizo
suyas.
Indicó que dicha empresa no ejerció un debido control sobre su predio al haber tolerado la disposición de toda clase de residuos, afirmando que las escorias de fierro-molibdeno depositadas en el mismo han contribuido a contaminar el lugar
por
exposición
y
lixiviación
de
metales
pesados.
Además, aclaró que al haberse constatado la presencia de arsénico, cobalto, cobre, hierro, molibdeno, níquel, plomo y
vanadio
en
concentraciones
el
suelo,
superiores
entre a
otros
niveles
metales,
de
en
intervención
específicos para el uso de suelo residencial y comercial, no queda más que concluir que dichas escorias corresponden a contaminantes que unidos a otros residuos presentes puede constituir un riesgo a lo menos para la calidad de vida de la
población
concentración
cercana, de
estos
teniendo metales
no
presente es
que
la
compatible
con
asentamientos habitacionales o destinados al comercio en zonas determinadas. Discurre
el
fallo
que
la
contaminación
producida
implica un menoscabo al suelo y un riesgo para la calidad de vida de la población, siendo un daño significativo y
apto para influir negativamente en la calidad de vida de las personas que habitan en las proximidades. Concluye que la Empresa de Ferrocarriles del Estado, incluso
después
de
construir
un
cierre
perimetral,
que
tiempo más tarde luce parcial, ha tolerado que terceros dispongan residuos y desechos de distinta naturaleza en el lugar,
convirtiéndolo
comportamiento
que
se
en
un
aparta
de
vertedero
la
legalidad,
ilegal, como
por
ejemplo de lo establecido en el artículo 80 del Código Sanitario, configurándose a su respecto una presunción de culpabilidad y consecuentemente el nexo causal entre esa tolerancia y el daño causado al suelo. Noveno: Que, a su turno, la Corte de Apelaciones de Santiago,
reforzando
las
argumentaciones,
agregó
que
la
Empresa de Ferrocarriles del Estado no ha dado cumplimiento en forma ininterrumpida a sus obligaciones de mantener el inmueble perimetralmente cerrado y de velar porque dicho cierre
permaneciera
colegirse
que
en
permanentemente
caso
contrario
incorrupto,
se
habría
pudiendo
impedido
el
ingreso de las escorias de molibdeno y de otros residuos y desechos que cubren profusamente la superficie del “Pozo Lo Adasme”. Culmina negligente
aseverando de
ambos
que
es
indudable
demandados
ambiental al suelo del terreno.
que
desencadenó
el el
actuar daño
Décimo:
Que
en
estos
autos
se
dedujo
la
acción
ambiental creada por la Ley Nº 19.300 que tiene por objeto lograr la restauración del medio ambiente, contemplada en el artículo 2 letra s) que prescribe: “la acción de reponer el medio ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado, o en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas”. Cabe
recordar
que
el
Mensaje
del
Presidente
de
la
República con que se inició la tramitación de la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente acude a dos principios. El
primero
dispone
que
el
que
contamina
paga,
lo
cual
implica que los particulares deben incorporar a sus costos de producción todas las inversiones necesarias para evitar la contaminación. El segundo es el de la “responsabilidad”, que busca que los responsables por daño ambiental reparen los
daños
causados
a
sus
víctimas
y
que
se
repare
materialmente el daño causado al medio ambiente, obligando al causante del daño a restaurar el paisaje deteriorado. Undécimo: Que en relación a este último principio es pertinente ilustrar el asunto con la transcripción de las siguientes normas de la Ley N° 19.300: El artículo 3° señala: “Sin perjuicio de las sanciones que señale la ley, todo el que culposa o dolosamente cause daño
al
medio
ambiente,
estará
obligado
a
repararlo
materialmente,
a
su
costo,
si
ello
fuera
posible,
e
indemnizarlo en conformidad a la ley”. A
su
vez
el
artículo
51
prescribe:
“Todo
el
que
culposa o dolosamente cause daño ambiental responderá del mismo en conformidad a la presente ley. No obstante, las normas sobre responsabilidad por daño al medio ambiente contenidas en leyes especiales prevalecerán sobre las de la presente
ley.
Sin
perjuicio
de
lo
anterior,
en
lo
no
previsto por esta ley o por leyes especiales, se aplicarán las disposiciones del Título XXXV del Libro IV del Código Civil”. A
su
turno
el
artículo
52
dispone:
“Se
presume
legalmente la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existe infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención o de descontaminación, a las regulaciones especiales para los casos
de
protección,
emergencia
ambiental
preservación
o
o
a
las
conservación
normas
sobre
ambientales,
establecidas en la presente ley o en otras disposiciones legales o reglamentarias. Con todo, sólo habrá lugar a la indemnización, en este evento, si se acreditare relación de causa a efecto entre la infracción y el daño producido”. Duodécimo:
Que
en
relación
a
la
atribución
de
responsabilidad a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, para
los
sentenciadores
se
basa
en
la
presunción
de
culpabilidad contemplada en esta última norma. Respecto a ello, cabe señalar que aun cuando el vicio denunciado por dicho recurrente fuere efectivo, éste no tiene influencia en
lo
decisivo
del
fallo,
puesto
que
la
culpa
de
ese
demandado igualmente correspondía tenerla por establecida en
base
a
la
prueba
rendida
en
autos,
esto
es,
sin
presumirla por haber infringido normas sobre protección, preservación o conservación ambientales establecidas en la Ley
N°
19.300
o
en
otras
disposiciones
legales
o
reglamentarias. En efecto, en caso de dictarse sentencia de reemplazo de la misma manera debió tenerse por configurada la culpa por omisión de la demandada, toda vez que faltó a sus
deberes
de
vigilancia
y
cuidado
para
proteger
el
terreno de su propiedad y sus componentes, calificando esta conducta como descuidada y negligente, sin invocar para llegar a ello la presunción de culpa establecida en el artículo 52 de la Ley N° 19.300. Décimo
tercero:
Que
de
esta
manera
y
tal
como
se
decidió anteriormente por esta Corte en sentencia dictada en la causa Rol N° 3579-2012, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 3° y 51 de la Ley N° 19.300 se colige que al no existir normas sobre responsabilidad en esta materia contenidas en leyes especiales, se aplican las normas de esta ley, que “ratifica el principio general de que la responsabilidad
civil
sólo
procede
respecto
del
daño
ambiental causado culpable o dolosamente”, aplicándose las
normas
generales,
por
lo
responsabilidad
está
característicos:
acción
capaz,
culpa,
Responsabilidad
que
sujeta u
daño
“en a
los
omisión y
materia
cuatro
voluntaria
causalidad”
Extracontractual,
ambiental
la
elementos de
persona
(Tratado
Enrique
Barros
de
Bourie,
Editorial Jurídica de Chile, pág. 799.). El
tratadista
citado
expresa
al
respecto
que
“la
responsabilidad civil que se sigue del daño ambiental se puede construir por dos conceptos diferentes: en primer lugar,
en
razón
de
la
infracción
de
normas
legales
o
reglamentarias, caso en el cual la culpa se presume, esto es, a la empresa que causa el daño le incumbe probar que actuó con diligencia; en segundo lugar, aunque la empresa no
haya
infringido
responderá
si
no
norma ha
legal
o
empleado
reglamentaria el
debido
alguna, cuidado,
determinando por los usos normativos y prudencialmente por los jueces” (obra citada, pág. 801). Décimo cuarto: Que de lo expresado en el considerando vigésimo
segundo
de
la
sentencia
de
primera
instancia
reproducido por la de alzada quedó establecida la falta de vigilancia y cuidado de la Empresa de Ferrocarriles del Estado en orden a la protección del componente suelo de un terreno próximo a sectores habitacionales y con ello una conducta al menos descuidada y negligente de su parte. Para arribar a esta conclusión ha de tenerse en consideración las probanzas rendidas a que se alude en el considerando
décimo de la mencionada sentencia y que permitieron asentar los hechos señalados en el fundamento séptimo del presente fallo. Décimo quinto: Que en este orden de consideraciones resulta
pertinente
indicar:
“Nuestro
Código
Civil
ha
definido la culpa en el art. 44. Aunque las definiciones que da se refieren más bien a la culpa contractual por ser la única que admite graduación, son aplicables igualmente en materia de delitos y cuasidelitos, tanto porque la culpa es
una
misma
en
materia
contractual
y
en
materia
cuasidelictual, cuanto porque el art. 44 se limita a decir que la ley distingue tres especies de culpa o descuido, que en
seguida
define,
sin
referirlas
a
una
materia
determinada”. “De esas definiciones se desprende que la culpa, que ese artículo y otros (arts. 2319 y 2329) hacen sinónimo de descuido o negligencia, es la falta de aquella diligencia o cuidado que los hombres prudentes emplean ordinariamente en sus actos y negocios propios”. “La culpa, según esto, es un error de conducta, supone descuido,
imprudencia,
negligencia,
falta
de
precaución,
atención o vigilancia, inadvertencia, omisión de aquellos cuidados que la prudencia requiere o hace necesarios, sin que sea de rigor que haya una infracción reglamentaria; la ley no la exige. En otros términos, hay culpa cuando no se obra como se debiere, cuando no se hace lo que hubiera
debido hacerse” (De la Responsabilidad Extracontractual en el
Derecho
Civil
Chileno,
Arturo
Alessandri
Rodríguez,
Imprenta Universitaria, año 1943, pág. 172). Para determinar entonces si la calificación jurídica de la conducta de la demandada es descuidada y negligente, corresponde establecer el patrón de conducta que habría tenido que observar razonablemente el propietario diligente de un predio que comprende una superficie aproximada de seis hectáreas próximo a un sector poblacional (comuna de San Bernardo), cercano a un canal de riego y sin cierre perimetral. Décimo sexto: Que entonces se hace necesario efectuar una
breve
reseña
acerca
de
algunas
disposiciones
que
contempla nuestro ordenamiento jurídico en relación a la materia: El artículo 2.5.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones consigna, en lo que interesa, que "los sitios
eriazos
edificación,
y
las
propiedades
ubicados
en
áreas
abandonadas urbanas,
con
deberán
y
sin
tener
cierros levantados en su frente hacia el espacio público, siendo responsabilidad de los propietarios mantenerlos en buen estado", agregando el inciso segundo que: "el Alcalde deberá
notificar
abandonadas, mejoras
o
con
a y
los sin
reparaciones
propietarios
edificaciones, que
deban
de
propiedades
respecto
ejecutarse
en
de
las
dichas
propiedades,
relativas
a
cierro,
higiene
y
mantención,
otorgando un plazo prudencial para ello". A
su
turno,
el
artículo
79
de
la
Ley
General
de
Urbanismo y Construcciones estatuye: “Corresponderá a las Municipalidades desarrollar las acciones necesarias para la rehabilitación
y
deterioradas
o
coordinación
con
planes
saneamiento
de
insalubres
dentro
los
de
planes
habitacionales
del
las de
esta
la
misma
Ministerio
de
poblaciones comuna,
en
naturaleza
y
Vivienda
y
Urbanismo”. El artículo 81 del mismo cuerpo legal señala: “Para prevenir el deterioro progresivo de un sector del barrio, la Municipalidad podrá ejercer las siguientes facultades: b) ordenar la construcción de cierros exteriores en los sitios eriazos, en plazos no inferiores a seis meses, con las
características
que
señale
el
Plan
Regulador
y
su
Ordenanza local, o las que se fijen a falta de aquellos (…) En el ejercicio de estas facultades, la Municipalidad podrá apercibir a los propietarios con el apercibimiento de una multa si no cumpliesen con lo ordenado, la que se hará efectiva administrativamente a beneficio municipal”. En el artículo 58 bis de la Ley de Rentas Municipales se
expresa:
“Las
propiedades
abandonadas,
con
o
sin
edificaciones, ubicadas en áreas urbanas, pagarán a título de multa a beneficio municipal, el 5% anual calculado sobre el avalúo fiscal total de la propiedad.
Se entenderá por propiedad abandonada, el inmueble no habitado que se encuentre permanentemente desatendido, ya sea por falta de cierros, protecciones adecuadas, aseo, mantención,
o
por
otras
circunstancias
manifiestas
de
abandono o deterioro que afecten negativamente el entorno inmediato”. El indica:
artículo
80
del
“Corresponde
Código
al
Sanitario,
Servicio
cuyo
texto
de
Salud
Nacional
autorizar la instalación y vigilar el funcionamiento de todo
lugar
destinado
a
la
acumulación,
selección,
industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. Al otorgar esta autorización, el Servicio Nacional de Salud determinará las condiciones sanitarias y de seguridad que deben cumplirse para evitar molestia o peligro para la salud de la comunidad o del personal que trabaje en estas faenas”. Décimo séptimo: Que de estas disposiciones es posible inferir que recae sobre el dueño de un predio –al menos de las
características
del
inmueble
de
autos-
el
deber
de
cercar su propiedad, cuya finalidad es doble, esto es, la de impedir el ingreso de personas y proteger el interés de la
colectividad,
como
impidiendo
que
la
finca
sea
un
basural, menoscabando de ese modo los componentes naturales del suelo y consecuencialmente el entorno y hábitat de la vecindad
próxima.
Es
así
que
de
acuerdo
a
los
hechos
asentados corresponde tener por establecido que el actuar de la demandada fue culpable, por no haber cumplido ese deber y previendo que podía producirse un daño ambiental, al
haber
permitido
de
un
modo
permanente,
incluso
con
conocimiento de las sanciones impuestas por la autoridad de salud, que el terreno fuera utilizado como vertedero. La previsión que se exige en este caso es un actuar para evitar las consecuencias dañosas, manifestado en la falta de adopción de medidas conducente a la protección del suelo de una propiedad de la envergadura de la de autos y cuyo dominio
detentaba
desde
el
año
2005,
conociendo
de
su
utilización como basural y sin cerco. Que en cuanto a la posibilidad que dicha empresa tenía de haber podido evitar el hecho dañoso que se le imputa, resulta evidente que de haberse puesto más vigilancia en el predio y de haberse reaccionado con mayor decisión frente a las irrupciones de los terceros que actuaban en él, se habrían podido proteger el terreno y por ende al sector poblacional cercano. Es perfectamente plausible estimar que con una acción más diligente de la propietaria, como es el establecimiento de una vigilancia y un cierre efectivo de su
perímetro
destinado
a
impedir
el
desplazamiento
y
disposición de residuos, el estropicio se habría evitado, pues se habría así actuado preventivamente. Todas estas son acciones que estaban en la órbita de la demandada, que hubiera podido adoptar, y no se adoptaron. Un riesgo de
esta
envergadura
obliga
a
un
hombre
prudente
a
adoptar
precauciones adecuadas para enfrentarlo, porque además de las enormes consecuencias ambientales y sanitarias del daño que se irrogarían por la omisión en la adopción de medidas de resguardo y cuidado adecuadas, estaba involucrada su responsabilidad. No se trata de calificar a la demandada como negligente por el mero hecho de que ser dueño del predio, sino, como lo hace la sentencia, de imputarle una conducta
que
está
bajo
lo
esperado
respecto
de
un
propietario de un predio de esas características. Como consecuencia de lo razonado, sólo cabe concluir que la Empresa de Ferrocarriles del Estado incurrió en una omisión culposa al no adoptar las medidas de vigilancia y cuidado que impidieran la disposición de residuos en su predio. Décimo
octavo:
Que
establecido
que
la
demandada
incurrió en una omisión culpable y sin que exista discusión en que se produjo un daño significativo al medio ambiente, es
posible
también
dar
por
acreditada
la
relación
de
causalidad entre este último y la conducta descuidada y negligente de la recurrente. “Hay
relación
de
causalidad
cuando
el
hecho
–o
la
omisión- doloso o culpable es la causa directa y necesaria del daño, cuando sin él éste no se habría producido”. “Se ha fallado igualmente que si se acredita que los animales muertos por un tren se introdujeron en la vía
debido al mal estado de sus cercos, la responsabilidad de la
empresa
es
Extracontractual Alessandri
evidente” en
el
Rodríguez,
(De
Derecho
Imprenta
la
Responsabilidad
Civil
Chileno,
Universitaria,
Arturo
año
1943,
pág. 241, 242). En el caso de autos, parece razonable y ajustado a Derecho imputarle el daño provocado al medio ambiente. Como ya
se
ha
dicho,
demandada,
que
con
estaba
una en
conducta su
vigilante
posibilidad
de
esta
ejecutar,
es
perfectamente esperable que el daño no se hubiera generado. Porque las condiciones de vigilancia de un predio vienen impuestas por la propia realidad de la situación que la finca enfrenta, y que la sentencia impugnada entiende que se desatendieron. Debe tenerse presente a este respecto que la Ley N° 19.300 describe el daño ambiental como “toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido
al
componentes” constituido
medio y por
por
ambiente
o
a
uno
o
“medio
ambiente”
“el
elementos
naturales
y
más
de
sistema
sus
global
artificiales
de
naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones”. En
base
establecida, derecho
a no
cuando
estos es los
conceptos
posible
y
colegir
sentenciadores
la que
situación exista
afirman
que
fáctica error hay
de una
conducta ilícita de la Empresa de Ferrocarriles del Estado de carácter omisiva, incumplidora de los deberes impuestos por
las
leyes
y
ordenanzas,
que
permitió
que
terceros
acopiaran en un inmueble de su dominio basuras y desechos, afectando
el
componentes
medio
ambiente,
suelo
y
específicamente
subsuelo
como
el
tanto
entorno
los del
asentamiento habitacional próximo al lugar contaminado. En efecto, el daño ambiental fue causado por dicha omisión culposa, la cual concurrió con la conducta del codemandado para
que
se
incorporaran
desfavorablemente componentes
las
referidos
sustancias
condiciones y
dieron
que
alteraron
naturales
lugar
a
un
de
los
deterioro
o
menoscabo del entorno natural y social, particularmente de la colectividad o vecindad próxima al lugar contaminado. Décimo
noveno:
Que,
por
consiguiente,
deberá
desestimarse el recurso de casación en el fondo interpuesto por la Empresa de Ferrocarriles del Estado. En
cuanto
al
recurso
de
casación
en
el
fondo
interpuesto por la demandada Molibdenos y Metales S.A. o Molymet S.A. Vigésimo:
Que
el
recurso
de
nulidad
sustancial
denuncia que se infringió lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley N° 19.300, puesto que se le aplicó la presunción de responsabilidad Decreto
N°
sobre
298
del
la
base
de
Ministerio
haber
infringido
el
de
Transportes
y
Telecomunicaciones de 1995, que reglamenta el transporte de
cargas peligrosas para calles y caminos, en circunstancias que la escoria de fierro-molibdeno, depositada en el predio en cuestión, no es una sustancia peligrosa en los términos del artículo 2 del mismo Decreto. Asimismo, afirma que hay error en la aplicación del artículo
80
del
Código
Sanitario,
que
vincula
con
el
artículo 17 inciso 2° del mencionado Decreto N° 298, dado que
según
aplicable,
lo
recién
de
señalado
modo
que
no
ese
reglamento
no
correspondía
le
es
atribuirle
incumplimiento en los deberes de transporte y disposición final de residuos en el predio del codemandado. Finalmente, argumenta que el sentenciador se equivoca al aplicar los artículos 3 y 51 de la Ley N° 19.300, toda vez que Molymet S.A. no ha ejecutado una acción que cause daño ambiental, por cuanto al no regir en su contra la presunción de culpabilidad debieron probarse los elementos que
dan
acción,
lugar dolo
a o
la
responsabilidad
culpa,
nexo
causal
ambiental, y
daño,
esto
lo
que
es, no
ocurrió. Consecuencialmente, yerra el sentenciador en la aplicación del artículo 2317 del Código Civil, toda vez que no
correspondía
condenarlo
solidariamente
junto
a
la
Empresa de Ferrocarriles del Estado. Vigésimo primero: Que, según se anticipó, el tribunal de primera instancia había desestimado la demanda en contra de Molymet S.A., decisión que fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago, condenándola solidariamente con la
Empresa de Ferrocarriles del Estado como autoras de daño ambiental. En cuanto a la situación fáctica establecida, cabe reproducir lo ya reseñado en el motivo séptimo de este fallo. El tribunal de alzada, en cuanto a las consideraciones jurídicas,
expone
que
no
se
encuentra
justificada
la
argumentación entregada por la demandada para explicar la presencia de escorias en el “Pozo Lo Adasme”, esto es, “robos y/o incumplimientos de terceros durante el proceso de
transporte
y
disposición”.
Para
reforzar
esta
conclusión, el fallo invocó el Decreto Supremo N° 298 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de 1995 que reglamenta el transporte de cargas peligrosas por calles y caminos, y consideró que las escorias de fierro molibdeno son
residuos
peligrosos,
toda
vez
que
su
inadecuada
disposición representa un riesgo para el medio ambiente. Esgrimió que al acopiar dichas escorias en un lugar no autorizado transgrede los deberes impuestos en el Decreto 298/95, durante el proceso de transporte. Agrega que producto de la interacción de los residuos entre sí y con otras substancias presentes en el lugar se produjo un proceso de lixiviación de metales pesados que han contribuido a contaminar el suelo del lugar de forma significativa.
Concluye normas
que
sobre
ambientales
la
infracción
protección, implica
de
Molymet
preservación
aplicar
la
S.A.
o
a
las
conservación
presunción
legal
de
responsabilidad prevista en el artículo 52 de la Ley N° 19.300. Vigésimo
segundo:
Que
en
cuanto
a
la
denuncia
de
vulneración de la disposición recién citada, es necesario señalar
que
Apelaciones
más
allá
que
disposición
y
peligrosas,
lo
del
invoca
transporte cierto
es
fundamento
de
la
Corte
un
reglamento
atinente
de
sustancias
calificadas
que
tal
argumento,
aun
de
a
la como
cuando
fuere erróneo, no es capaz de influir sustancialmente en lo dispositivo del fallo, según se pasa a explicar. Vigésimo tercero: Que, en efecto, conforme a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, el medio ambiente libre de contaminación es aquel en el que los contaminantes se encuentran
en
concentraciones
y
períodos
inferiores
a
aquellos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación
de
la
naturaleza
o
a
la
conservación
del
patrimonio ambiental. A su turno, la noción de contaminante es
definida
derivado
como:
“todo
químico
o
vibración,
ruido,
o
presencia
en
el
elemento, biológico,
una
compuesto,
sustancia,
energía,
radiación,
combinación
ambiente,
en
de
ellos,
ciertos
cuya
niveles,
concentraciones o periodos de tiempo, pueda constituir un
riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental”. De acuerdo con los conceptos legales dados y conforme a los factores a que se refiere, se aprecia que la noción de
contaminante
interpretación procura
es
que
dar
amplia
mejor
se
y
adecua
reconocimiento
constitucional
a
vivir
en
funcional a
la
efectivo
un
medio
y
es
la
finalidad
que
al
ambiente
derecho libre
de
contaminación y que es recogida por el fallo de primera instancia, que hizo suyo el tribunal de alzada. En este sentido,
la
doctrina
señala:
“Aun
cuando
desde
la
perspectiva de la seguridad jurídica que involucra puede ser
atractivo,
es
obviamente
discutible
respecto
de
la
protección efectiva de las personas, y no parece correcto puesto que obviamente, la ausencia de norma respecto de un elemento no le quita la característica de ensuciar el aire, o de producir daño, sólo indica que este país aún no ha definido
que
es
importante
normarlo,
y
qué
niveles
de
concentraciones de dicho contaminante esa sociedad estima como
aceptables.
Por
otra
parte,
llevar
al
límite
la
interpretación indicada, nos llevaría a la conclusión, que sólo se pueden controlar o limitar de alguna forma aquellos elementos
contaminantes
que
se
encuentran
regulados
a
través de una norma de calidad o emisión, pero ello no es así
(En
“La
regulación
constitucional
del
ambiente
en
Chile. Aspectos sustantivos y adjetivos. Historia, doctrina y
jurisprudencia.
Rodrigo
Guzmán
Rosen.
Segunda
edición
actualizada. Abeledo Perrot. LegalPublishing. 2010, citando “El
Futuro
Ambiente,
del
Derecho
Congreso
Ambiental”,
Internacional,
Derecho
Edit.
del
Jurídica
Medio ConoSur
Ltda. 1988, p. 537). Vigésimo cuarto: Que, de esta manera, si se considera que ha quedado fuera de discusión fáctica que el terreno abandonado en cuestión se encuentra cubierto profusamente con escorias de fierro molibdeno y que se ha producido un proceso de lixiviación de estos metales que ha menoscabado significativamente el suelo, nadie podría dudar que tales escorias
se
jurídica
de
encuentran
incluidas
“contaminante”,
de
dentro
modo
de
que
se
la
noción
tornaba
en
irrelevante el cuestionamiento a la aplicación del Decreto Supremo N° 298/95. Vigésimo quinto: Que, así las cosas, no se aprecia la infracción denunciada por el recurrente al artículo 52 de la Ley N° 19.300, porque es claro que a Molymet S.A. le afecta
la
infringido
presunción normas
de
culpabilidad
sobre
protección,
luego
de
haber
preservación
o
conservación ambientales. En efecto, esa empresa no observó el
artículo
80
del
Código
Sanitario,
que
habilita
para
disponer de residuos únicamente en lugares autorizados al efecto. Una interpretación contraria llevaría al absurdo de sostener que una empresa autorizada para funcionar y que
incluso
aparece
que
posee
especiales
capacidades
y
conocimientos sobre su actividad industrial, se encuentra facultada
para
descargar
materiales
contaminantes
en
terrenos ajenos y no autorizados, o sea, importaría suponer que tiene permiso para ocasionar daño ambiental. En conclusión, no hay yerro jurídico en la aplicación del
artículo
52
de
la
Ley
N°
19.300,
por
cuanto
efectivamente la demandada se presume responsable por no observar normas de protección ambiental, como la contenida en el artículo 80 del Código Sanitario. Vigésimo sexto: Que el segundo acápite del recurso, que apunta a acusar la transgresión de los artículos 3 y 51 de la Ley N° 19.300, tampoco podrá prosperar, atendido que el fallo correctamente aplicó a Molymet S.A. la presunción legal de culpabilidad, que lleva a concluir que es autora de
daño
ambiental
por
haber
incurrido
en
la
conducta
ilícita de efectuar operaciones de acopio de sustancias contaminantes,
de
manera
permanente
en
un
terreno
no
autorizado para ello y más todavía, la falta de remoción del material, pese a estar dicha medida ordenada por la autoridad relación
sanitaria, de
demuestra
causalidad
entre
con
la
mayor
conducta
perjuicio originado al medio ambiente.
intensidad
la
imputada
el
y
Por otra parte, las
reflexiones del Tribunal de Alzada que intentan desvirtuar las explicaciones del demandado acerca de la manera en que un
gran
volumen
de
escorias
de
fierro
molibdeno
–dos
toneladas- se trasladó desde la planta industrial hasta el predio conocido como “Pozo Lo Adasme” sólo pretenden dejar en claro que su justificación no está probada, o en otras palabras, que la contaminación del suelo tuvo su origen en su propia acción y no en el hecho de un tercero. Vigésimo séptimo: Que, finalmente, el recurso acusa la vulneración del artículo 2317 del Código Civil y ello como una consecuencia de la errónea aplicación de los artículos 3, 51 y 52 de la Ley N° 19.300, transgresión que, como ha quedado
establecido,
deberá
también
no
se
ha
desestimarse
configurado, el
de
capítulo
modo
de
que
nulidad
formulado bajo este supuesto. Vigésimo
octavo:
Que,
consideraciones,
sólo
fondo
incurrido
no
han
denunciados,
por
lo
cabe
que
en
concluir en
se
los
virtud
de
que
jueces
los
errores
rechazarán
los
de
estas del
derecho
recursos
de
casación en el fondo presentados por los demandados. Y visto además lo dispuesto en los artículos 764, 767, 768 y 808 del Código de Procedimiento Civil, se rechazan los
recursos
interpuestos
de por
casación la
en
abogada
la
forma
Mariela
y
en
González
el
fondo
Martel
en
representación de la demandada Empresa de Ferrocarriles del Estado en su presentación de fojas 499 y el recurso de casación Brancoli
en
el
Bravo
fondo en
presentado su
escrito
por de
el
abogado fojas
Ricardo
511,
en
representación de la demandada Molibdenos y Metales S.A.,
en contra de la sentencia de cuatro de noviembre de dos mil trece, escrita a fojas 487. Se
previene
que
la
Ministra
señora
Egnem
estuvo
también por desestimar el recurso de casación en el fondo deducido por la Empresa de Ferrocarriles del Estado, pero teniendo en consideración los siguientes fundamentos: 1°) Que el artículo 52 de la Ley N° 19.300 prescribe: “Se presume legalmente la responsabilidad del autor del daño
ambiental,
si
existe
infracción
a
las
normas
de
calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención o de descontaminación, a las regulaciones especiales para los casos de emergencia ambiental o a las normas
sobre
protección,
preservación
o
conservación
ambientales, establecidas en la presente ley o en otras disposiciones legales o reglamentarias. Con todo, sólo habrá lugar a la indemnización, en este evento, si se acreditare relación de causa a efecto entre la infracción y el daño producido”. No
cabe
duda
que
la
aplicación
de
la
presunción
conlleva una culpa legal o infraccional, esto es, que se presume la culpa del autor del daño ambiental, una vez que se ha establecido la infracción de alguna de las normas que en la disposición se enuncian. 2°) Que el recurso alega que se aplicó a la Empresa de Ferrocarriles del Estado la mencionada presunción de manera indebida, puesto que la obligación de cercar un terreno
propio
no
deriva
urbanística. dispuesto
Y
el
basura
aplicación Sanitario,
en
de
norma
tolerar
y
que
escorias
su
dado
una
contra
que
esa
en
no
el
sino
predio
podría
del norma
ambiental,
dar 80
exige
lugar
un
se
lugar
artículo
que
del
haya a
la
Código
destinado
legalmente para vertedero y no que en el hecho se haya producido esa situación. 3°) Que visto el marco normativo respectivo, resulta que el error de derecho denunciado –infracción al artículo 52 de la Ley N° 19.300- es infundado, según se explica a continuación. En
efecto,
en
relación
con
las
obligaciones
ambientales de un titular de dominio de un inmueble, el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, que consagra el derecho
de
propiedad,
establece
como
un
conjunto
de
elementos que integran las obligaciones que derivan de la función social de la propiedad. En este sentido, se ha expresado que “La función social de la propiedad no fue definida por el constituyente ni por el legislador, sin embargo podemos definirla como ‘el empleo o uso racional de la
propiedad
en
armonía
con
los
intereses
colectivos”
(Evans de la Cuadra). Ya el Tribunal Constitucional, en los Roles N° 245 y 246, de diciembre de 1996, expuso: “la función social de la propiedad significa que esta tiene un valor
individual
y
social,
por
lo
que
servicio de la persona y de la sociedad”.
debe
estar
al
4°) Que, en concordancia con lo expuesto, se constata que existe una serie de disposiciones en el ordenamiento jurídico que sólo pueden ser comprendidas e interpretadas cabalmente en la medida que se entiende que la propiedad tiene esa función social, además de la individual. En esa perspectiva, cuando se predica que el dueño de un predio tiene la obligación de cercar su propiedad, puede verse obviamente el asunto desde su propio interés, esto es, de impedir
el
ingreso
de
personas
en
su
propiedad,
pero
también puede observarse nítidamente que otra finalidad de la preceptiva es proteger el interés de la colectividad, como
será
el
impedir
que
la
finca
sea
usada
como
un
basural, menoscabando de este modo no solo los componentes naturales del suelo y eventualmente del agua y el aire, sino que también el mismo entorno o hábitat de la vecindad. 5°)
Que,
ahora
bien,
debe
reconocerse
que
la
legislación en torno a esta última materia es dispersa e inorgánica; juzgador
la
sin
embargo,
recabe
y
la
ello
no
puede
interprete
impedir
que
armónicamente,
el con
fundamento en la Constitución Política y en lo que atañe al caso, en la Ley de Bases del Medio Ambiente, N° 19.300. A este respecto, es preciso ilustrar el asunto con las siguientes disposiciones: El artículo 2.5.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones consigna, en lo que interesa, que "los sitios
eriazos
y
las
propiedades
abandonadas
con
y
sin
edificación,
ubicados
en
áreas
urbanas,
deberán
tener
cierros levantados en su frente hacia el espacio público, siendo responsabilidad de los propietarios mantenerlos en buen estado", agregando el inciso segundo que: "el Alcalde deberá
notificar
abandonadas, mejoras
o
a
con
y
los sin
reparaciones
propiedades,
relativas
propietarios
de
edificaciones, que a
deban
propiedades
respecto
ejecutarse
cierro,
higiene
y
de
en
las
dichas
mantención,
otorgando un plazo prudencial para ello". A
su
turno,
el
artículo
79
de
la
Ley
General
de
Urbanismo y Construcciones estatuye: “Corresponderá a las Municipalidades desarrollar las acciones necesarias para la rehabilitación
y
deterioradas
o
coordinación
con
planes
saneamiento
de
insalubres
dentro
los
de
planes
habitacionales
del
las de
esta
la
misma
Ministerio
de
poblaciones comuna,
en
naturaleza
y
Vivienda
y
Urbanismo”. El artículo 81 del mismo cuerpo legal señala: “Para prevenir el deterioro progresivo de un sector del barrio, la Municipalidad podrá ejercer las siguientes facultades: b) ordenar la construcción de cierros exteriores en los sitios eriazos, en plazos no inferiores a seis meses, con las
características
que
señale
el
Plan
Regulador
y
su
Ordenanza local, o las que se fijen a falta de aquellos (…) En el ejercicio de estas facultades, la Municipalidad podrá apercibir a los propietarios con el apercibimiento de una
multa si no cumpliesen con lo ordenado, la que se hará efectiva administrativamente a beneficio municipal”. Incluso, en el artículo 58 bis de la Ley de Rentas Municipales se expresa: “Las propiedades abandonadas, con o sin edificaciones, ubicadas en áreas urbanas, pagarán a título
de
multa
a
beneficio
municipal,
el
5%
anual
calculado sobre el avalúo fiscal total de la propiedad. Se entenderá por propiedad abandonada, el inmueble no habitado que se encuentre permanentemente desatendido, ya sea por falta de cierros, protecciones adecuadas, aseo, mantención,
o
por
otras
circunstancias
manifiestas
de
abandono o deterioro que afecten negativamente el entorno inmediato”. 6°) Que en base a lo que se viene sosteniendo en este fallo, es posible, entonces, dar una interpretación amplia a la categoría normativa empleada por el artículo 52 de la Ley N° 19.300, que contempla la presunción de culpabilidad del
autor
del
infringido,
daño
entre
ambiental
otras,
respecto
“normas
de
sobre
quien
ha
protección,
preservación o conservación ambientales”, en el sentido que quedan
incorporadas
disposiciones
del
ordenamiento
jurídico, como las reseñadas en el motivo precedente, que desde
una
concepción
global
y
armónica
tienden
a
la
protección al medio ambiente. De una manera muy acertada acerca de esta realidad normativa
se
ha
señalado:
“En
sentido
lato,
en
cambio,
incluimos también en el concepto de derecho ambiental lo concerniente deliberada
a
la
legislación
heterodoxa,
e
de
incluso,
incidencia lo
ambiental
relativo
a
la
legislación de incidencia ambiental casual, desde que estas categorías normativas, pese a su percepción inadecuada de la problemática ambiental, operan, no obstante, de hecho, o puedan llegar a operar, efectos estimables, más o menos beneficios o perjudiciales, sobre la estructura ambiental global, lo que no puede estar ajeno a la consideración de las
relaciones
Ambiental.
entre
Presente
derecho y
y
ambiente”
Pasado”,
(“El
Rafael
Derecho
Valenzuela
Fuenzalida, Editorial Jurídica de Chile, primera edición, 2010, página 22). Por lo tanto, la demandada Empresa de Ferrocarriles del Estado ha incumplido normas de protección ambiental en los términos contemplados en el artículo 52 antes citado, dando
lugar
a
la
aplicación
de
la
presunción
legal
de
culpabilidad. 7°) Que, más todavía, los jueces de la instancia han aplicado correctamente la presunción referida, al haber la demandada incumplido el artículo 80 del Código Sanitario, cuyo texto indica: “Corresponde al Servicio Nacional de Salud autorizar la instalación y vigilar el funcionamiento de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización,
comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. Al otorgar esta autorización, el Servicio Nacional de Salud determinará las condiciones sanitarias y de seguridad que deben cumplirse para evitar molestia o peligro para la salud de la comunidad o del personal que trabaje en estas faenas”. La mencionada disposición regula la existencia de los vertederos y, sin duda, de una interpretación finalista surge que nadie puede usar un lugar para que sirva de basural,
sin
la
competente
autorización.
En
esas
circunstancias, el haber permitido de un modo permanente, incluso con conocimiento de las sanciones impuestas por la autoridad de salud, que el terreno fuera utilizado para ese efecto, incurre en evidente infracción de la norma. En
virtud
de
lo
señalado
los
sentenciadores
se
ajustaron a la normativa al establecer que hay una conducta ilícita
de
la
Empresa
de
Ferrocarriles
del
Estado
al
incurrir en incumplimiento de los deberes contemplados por las
leyes
y
ordenanzas
referidas,
que
permitió
que
el
codemandado acopiara residuos en un predio de su dominio, afectando con ello significativamente el medio ambiente, en particular, los componentes del suelo y subsuelo como el entorno del asentamiento habitacional próximo.
8°)
Que,
por
consiguiente,
los
sentenciadores
efectuaron una correcta aplicación de la normativa que rige el caso. Regístrese y devuélvase con sus agregados. Redacción a cargo del Ministro Sr. Ballesteros y la prevención de su autora. Rol N° 15.996-2013. Pronunciado
por
la
Tercera
Sala
de
esta
Corte
Suprema
integrada por los Ministros Sr. Rubén Ballesteros C., Sr. Héctor Carreño S., Sr. Pedro Pierry A., Sra. Rosa Egnem S., y Sra. María Eugenia Sandoval G. No firma, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, la Ministro señora
Sandoval
por
estar
en
comisión
de
servicios.
Santiago, 01 de septiembre de 2014.
Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema. En
Santiago,
a
uno
de
septiembre
de
dos
mil
catorce,
notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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